MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
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"Guatemaltecas y guatemaltecos, manifestarse y protestar de forma pacífica es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Es un deber cívico cuando nuestros derechos están siendo permanentemente violentados y cuando los gobernantes traicionan la confianza depositada en ellos", ha manifestado Herrera.
Arévalo ha hecho hincapié en que "el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, está llevando a cabo un golpe de Estado mediante acciones ilegales y espurias".
"Es nuestro deber ciudadano manifestarnos en contra de este atentado contra el Estado de derecho y este intento de romper el orden constitucional", ha declarado el mandatario electo, que ha invitado a acudir a las distintas convocatorias que se han anunciado en varios puntos del país.
Así, ha considerado que son "conscientes de que el silencio no es una opción", por lo que ha abogado por la "unidad" como fortaleza que deben proteger. "Nos mueven un sentimiento común de indignación y urgencia ante la amenaza autoritaria y mezquina y la necesidad de rechazarla como pueblo", ha agregado.
"Sabemos que los corruptos quieren provocar la violencia en las manifestaciones, para tener la excusa de reprimir la expresión popular de rechazo. No nos dejemos provocar por los violentos y hagamos uso de nuestro derecho pacíficamente", ha solicitado.
Arévalo anunció horas antes que suspendía su gira internacional debido a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dependiente del Ministerio Público, registró el viernes la sede del TSE, donde incautó las actas de las elecciones presidenciales, acción que ha provocado el rechazo de diversas organizaciones civiles, desde la Conferencia Episcopal a cantones comunales indígenas, que han pedido la dimisión de los responsables, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana; así como de Estados Unidos o España.
Desde que el Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
