QUITO (AP) — Las autoridades ecuatorianas desplegaron el sábado a unos 2.000 militares y policías en la ciudad costera de Durán y en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en operativos simultáneos ordenados tras la prolongación de un estado de excepción carcelario y como parte de los esfuerzos por contrarrestar los altos índices de criminalidad en el país.
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En Durán, vecina de Guayaquil y con unos 300.000 habitantes, los crímenes se han disparado en las últimas semanas y ya se contabilizan más de 200 en lo que va de 2023, según cifras oficiales. Sólo en la zona 8, que comprende Durán, Guayaquil y Samborondón, se concentra más del 40% del total de homicidios ocurridos en todo el país, entre enero y agosto, de acuerdo a esas estadísticas.
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“Tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad del cantón Durán”, les dijo el mandatario Guillermo Lasso a los miembros de la Fuerza Pública, al tiempo en que los alentó a que “usen el arma de dotación”.
“Salgan con toda la seguridad de que sus acciones serán respaldadas por el gobierno”, señaló.
Lasso, acompañado de los ministros de Gobierno, Henry Cucalón; del Interior, Juan Zapata, y la alta cúpula militar, supervisaron el sábado las “acciones masivas” de control de armas, municiones y explosivos, así como “la intervención en domicilios, locales comerciales y en presuntas caletas”, informó la secretaría de Comunicación.
Durán se ha convertido en un territorio estratégico para la operación de organizaciones del narcotráfico debido a su conexion con el puerto de Guayaquil, y donde sus niveles de marginalidad y pobreza se consideran un ambiente propicio para el reclutamiento de menores que son usados en todo tipo de delitos.
Paralelamente, en el pabellón cuatro de la Penitenciaría del Litoral, ubicada dentro de un complejo carcelario en Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de la capital, más de 800 agentes de las Fuerzas Armadas intervinieron “con el objetivo de desarmar a las organizaciones delictivas”, informó Lasso en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
El martes, el gobernante extendió un estado de excepción en el sistema carcelario por 60 días, que se suma otros 20 expedidos durante su gestión, y que han sido insuficientes para frenar la expansión del crimen organizado y bandas delictivas, muchas de las cuales son comandadas desde las prisiones, según reconocen las autoridades.
A mediados de septiembre los cuestionamientos hacia el gobierno se intensificaron por la aparición de un video musical grabado desde el interior de una cárcel regional, también en Guayaquil, en el que aparece Adolfo Macías, uno de los capos de la peligrosa banda Los Choneros, con conexiones con carteles mexicanos de narcotráfico.
El Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad dijo entonces que la producción se realizó sin autorización y que las imágenes “podrían haberse obtenido de algún equipo tecnológico ingresado de manera ilegal”.
Macías fue mencionado por Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en agosto en Quito, como autor de las amenazas que él y su equipo recibieron en la campaña electoral.
