CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó la situación en Guatemala “de una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios”, ante una nueva jornada en la que la fiscalía guatemalteca realizó el cuarto allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral en busca de actas de resultados de elecciones.
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David de León, vocero del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó el viernes un allanamiento y explicó que los funcionarios de la fiscalía buscaban las actas de resultado de elecciones que están resguardados en la sede electoral.
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Hace dos semanas, en un allanamiento similar al tribunal, la fiscalía abrió las cajas donde se guardan los votos de la primera vuelta de la reciente elección presidencial, como parte de la arremetida que lleva adelante la Fiscalía con investigaciones contra las autoridades electorales, el proceso electoral y el partido que llevó de candidato a Bernardo Arévalo, ganador de las presidenciales.
El Ministerio Público dijo que el caso está bajo reserva.
“Este permanente asedio sin fundamentos ni motivación clara del MP constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios", dijo la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los nuevos allanamientos de la fiscalía. Y añadió que "un ataque de esta naturaleza no tiene precedentes en las observaciones electorales de las últimas décadas y constituye un ejemplo vergonzoso para el hemisferio”, .
El pleno de magistrados electorales emitió un comunicado horas después en el que “condenó enérgicamente” las acciones de la fiscalía y dijo que “ha dejado al descubierto una serie de acciones intimidatorias destinadas a socavar la integridad de nuestra democracia y poner en duda los resultados electorales ya oficializados”.
El TSE llamó al binomio ganador de la presidencia, a los 240 alcaldes electos, a los 160 diputados al Congreso y a los 20 diputados al Parlamento Centroamericano elegidos a unirse a la defensa de la democracia.
El tribunal también llamó a la Corte de Constitucionalidad, quién aún debe definir una serie de recursos contra el proceso electoral, para que como garante del orden constitucional “se pronuncie de oficio en defensa del régimen democrático... en salvaguardar la soberanía ejercida por el pueblo”, dijo.
El viernes los magistrados electorales presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que frene las acciones de la fiscalía.
En declaraciones a periodistas el fiscal Rafael Curruchiche, que dirige la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), defendió las diligencias: “Nosotros las consideramos como un rescate para la democracia, un rescate para la ciudadanía de este país que ha sido violentado y mancillado por la OEA, Unión Europea y gobiernos extranjeros”.
Docenas de policías acordonaron el viernes los alrededores de la sede electoral y llegaron a cerrar toda la cuadra para impedir el paso de las personas por la calle.
En un mensaje en Twitter, la fiscalía confirmó el allanamiento. Trabaja bajo las órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, investiga denuncias contra el ente electoral, las Juntas Electorales, las Juntas Receptoras de votos y los digitadores que incluyeron las actas en el sistema de transmisión de información de los resultados de elecciones.
Arévalo ha denunciado que la fiscal general intenta evitar que él tome posesión al cargo el próximo 14 de enero y que sus fiscalías además investigan a su partido Movimiento Semilla —sobre el que se dictó una orden de suspensión de la personalidad jurídica— y que él mismo también es objeto de investigaciones pese a que tiene inmunidad por el cargo para el que fue electo.
Entre las denuncias que investiga la fiscalía está una que Arévalo presentó por supuestamente haberse usado firmas falsas en la conformación se Semilla como partido político.
Curruchiche aceleró la investigación y el día en que se proclamaban los resultados de la primera vuelta electoral, una hora antes de que el TSE anunciara que Arévalo pasaba al balotaje, el fiscal anunció que un juez suspendió la personalidad jurídica del partido, pese a que la ley estipula que solo el TSE puede cancelar un partido político.
La situación política de Guatemala ha sido tema de preocupación para la comunidad internacional al considerar que el proceso electoral se ha judicializado y afecta a la frágil democracia del país centroamericano.
El viernes Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en un mensaje en redes sociales que su gobierno buscará “la rendición de cuentas para quienes participen en los esfuerzos por socavar la transición democrática hacia el presidente electo Bernardo Arévalo”.
La OEA ha denunciado que la fiscalía pone en riesgo la democracia del país al intentar obstaculizar y socavar el proceso electoral con sus acciones, así como la voluntad de los ciudadanos que eligieron a sus autoridades para los próximos cuatro años.
Porras y Curruchiche están sancionados por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en Guatemala.
