BRASILIA (AP) — Luzineide Marques da Silva sabe dónde se encuentra cada uno de los 748 árboles de caucho que se yerguen en la zona de la Amazonia brasileña en donde ella y su familia tienen derechos para extraer látex y venderlo a un fabricante de calzado. Es por eso que la semana pasada vio con dolor y rabia como dos de esos árboles eran gravemente dañados por un incendio que, según ella, había sido provocado por un invasor de tierras.
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“Veo el fuego que envuelve mis árboles de caucho y siento como si me estuvieran matando a mí, ahí mismo”, dijo Marques da Silva en entrevista con The Associated Press. “Está quemando los árboles que me dan para vivir y que tanto aprecio”.
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Tras nueve meses de gobierno, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha reducido a la mitad la deforestación de la Amazonia, que alcanzó un máximo de 15 años bajo el mandato de su predecesor Jair Bolsonaro, y ha prometido promover un desarrollo que haga un uso sostenible de sus recursos.
Pero los avances han sido desiguales y, en la simbólica Reserva Extractiva Chico Mendes, podría ser demasiado tarde para decenas de familias recolectoras de caucho como la de Luzineide, cada vez más asediadas por ganaderos ilegales.
Las reservas extractivas son unidades federales de conservación destinadas a que las comunidades forestales no indígenas lleven su vida tradicional protegidas del despojo de tierras y la deforestación. Estas zonas se crearon tras la indignación internacional generada por el asesinato en 1988 de Chico Mendes, un recolector de caucho, líder sindical y ecologista, por orden de un ganadero local.
A pesar de su estatus de tierra protegida, el ganado entró en la reserva en los años posteriores a su creación, y aumentó de manera desproporcionada durante los cuatro años de gobierno de Bolsonaro, cuando el presidente de extrema derecha intentó reducir las áreas protegidas y legalizar la presencia a gran escala de los hatos ganaderos al interior de las reservas extractivas.
Ahora Luzineide, que es jefa de una familia de 12 personas formada por su marido, sus hijas y sus nietos, tiene miedo de ser asesinada como le pasó a Mendes. Su área, que cuenta con cuatro pequeños bosques de árboles de caucho, se ha convertido en una isla boscosa rodeada por pastizales y ganado. Luzineide dice haber recibido repetidas amenazas de muerte por oponerse a la deforestación.
Su caso no es el único. La reserva ha registrado 300 incendios este año, la segunda cifra más alta entre las unidades de conservación del bioma de la Amazonia, según datos oficiales. La mayoría de los incendios en la selva amazónica son provocados por el ser humano, ya sea para desmonte o para gestionar los pastizales. El contexto es particularmente complejo en la reserva Chico Mendes, donde algunos antiguos recolectores de caucho están ansiosos por ganar más dinero dedicándose a la ganadería o vendiendo ilegalmente sus árboles de caucho a los ganaderos.
Luzineide dijo que el organismo federal encargado de la gestión de la reserva, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), no cuenta con suficiente personal para frenar los delitos contra el medio ambiente en la reserva, que tiene una extensión de alrededor de 9.300 kilómetros cuadrados (3.600 millas cuadradas). Explicó que pidió su presencia durante semanas, pero los agentes llegaron solamente dos días después de los incendios y que detuvieron por poco tiempo a un hombre sospechoso de haberlos provocado. Fue detenido por posesión ilegal de un arma y puesto en libertad tras pagar una fianza.
El ICMBio no respondió a preguntas de la AP.
Pero Mauro Pires, presidente del instituto, abordó el caso de Luzineide cuando le preguntaron al respecto al margen de un congreso de ecoturismo celebrado la semana pasada cerca de Río de Janeiro. Pires afirmó que la reserva de Mendes era atacada deliberadamente por su simbolismo, en lo que denominó un esfuerzo coordinado para perjudicar la vida de los recolectores de caucho.
Sugirió que Luzineide podría buscar ayuda de un programa gubernamental que ofrece protección a líderes comunitarios y funcionarios públicos que enfrentan amenazas.
Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Lula y exrecolectora de caucho, dijo a la AP en una entrevista en agosto que Bolsonaro era el culpable de la deforestación dentro de la reserva. Pidió paciencia mientras el gobierno diseña una transición ecológica hacia una economía nacional baja en carbono.
Lula ha prometido acabar con la deforestación neta para 2030, dos años después de su actual mandato. El gobierno federal está contratando nuevo personal para los escasos organismos medioambientales, pero el proceso es burocrático y se tardará meses en formar a los nuevos funcionarios antes de destinarlos al trabajo de campo.
Mary Allegretti, una antropóloga que fue amiga íntima de Mendes y lleva décadas trabajando para mejorar la vida de los recolectores de caucho en la Amazonia, dijo que la respuesta del ICMBio a las súplicas de Luzineide era “inaceptable e inexcusable”.
”¿Cuál es el papel del ICMBio en la reserva si no puede verificar una queja a tiempo para evitar la quema de árboles de caucho, que es su sustento?”, cuestionó Allegretti.
Angela Mendes, hija de Mendes y activista social, culpó al acaparamiento de tierra que, según ella, está arraigado en el sistema político brasileño. Dijo que para detener la deforestación es necesario elegir un Congreso más diverso e implicar a los gobiernos estatales y al procurador general en la lucha contra las actividades delictivas.
“Son cuestiones complejas que pueden resolverse con voluntad política”, afirmó.
La extracción de caucho ha sido la principal fuente de ingresos de la familia de Luzineide durante tres generaciones. Ella forma parte de una red de 500 recolectores de caucho que venden su producción a Veja, un fabricante de calzado francés, actualmente el único comprador de caucho local. Alrededor del 10% de los recolectores son mujeres, según la cooperativa local.
“Quiero que publiquen mi historia”, dijo Luzineide. “Porque no es sólo mi dolor, sino también el de miles de personas que viven dentro de la reserva. Si me pasa algo, si caigo, mi historia ya estará escrita”.
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La cobertura climática y medioambiental de The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.
