MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
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Además, ha insistido en la necesidad de entregar todos los documentos disponibles relacionados con el caso después de que un informe mencionase la negativa de algunas instituciones civiles y militares a proporcionarlos.
"(Queremos) enfatizar la importancia de entregar sin obstrucciones toda la información disponible en manos de las corporaciones de inteligencia y seguridad, civiles y militares, sobre este caso", ha declarado la portavoz de la oficina en Ginebra, Marta Hurtado, según un comunicado.
En ese sentido, la ONU ha reiterado lo "fundamental" de consolidar y expandir los avances para completar la investigación, y ha asegurado que el caso precisa "no solo de sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, (...), el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado".
Por último, la oficina ha reconocido que, sin el esfuerzo de las familias y de la sociedad civil, el caso no seguiría en pie.
"Es el amor de las madres y los padres hacia sus hijos y la legítima búsqueda de la verdad y la justicia la causa que los anima, y que amerita el respaldo de todas las autoridades y la sociedad en su conjunto", ha manifestado.
Esta investigación ha permitido "identificar a 434 actores relevantes que participaron en los crímenes perpetrados", a "detener a 132 personas presuntamente responsables (entre ellas 14 militares)" y a acceder a "diversas fuentes de información, que incluyen algunos archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas".
Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron a un grupo criminal por causas no esclarecidas en lo que muchos consideran un claro ejemplo de un caso de desaparición forzosa por parte de las fuerzas mexicanas.
La hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula fue refutada por los expertos, que consideran que no existen evidencias científicas para sostenerlo. A esto se suma el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, que apunta a que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.
