CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió el miércoles no aceptar cuatro solicitudes de retiro de inmunidad contra la fiscal general, Consuelo Porras, y contra el juez Fredy Orellana que habían sido presentadas para que fueran investigados por su arremetida contra el proceso electoral en Guatemala y contra el partido del presidente electo.
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Por su parte, la fiscalía pidió por tercera vez que se les retire la inmunidad a los magistrados electorales como parte de una investigación por los presuntos delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Según los señalamientos de la fiscalía, hubo supuestas irregularidades en la compra del sistema de cómputo que transmitió el resultado preliminar de las elecciones presidenciales.
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La fiscalía de delitos administrativos pidió que los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como tres jueces suplentes, queden sin protección para ser investigados, dijo el Ministerio Público en un comunicado.
Sus actuaciones y las del sistema judicial contra las autoridades electorales y contra el Movimiento Semilla —para que sea suspendida su personalidad jurídica— han sido cuestionadas por organizaciones y entes internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por poner en riesgo la democracia del país.
En conferencia de prensa la noche del miércoles, los magistrados rechazaron la acciones de la fiscalía y descartaron que haya anomalías en las compras y adjudicaciones de los equipos usados durante elecciones.
Rafael Rojas, magistrado del TSE, dijo que no es correcto que “mediante la contratación de unos servicios se quiera cuestionar la decisión de la ciudadanía guatemalteca y su voto” en referencia a las acciones de la fiscalía.
La arremetida judicial contra el proceso electoral se incrementó cuando la ex primera dama Sandra Torres y el progresista Arévalo pasaron a una segunda vuelta.
Tras los resultados del balotaje en el que resultó ganador Arévalo, la fiscalía inició acciones legales contra miembros de su partido, el Movimiento Semilla, el presidente electo y los magistrados y personal del TSE, de las Juntas Electorales, las Juntas Receptoras de Votos y hasta los empleados que ingresaron los datos al sistema informático.
La denuncia, que no indica quién la presentó, fue recibida el 29 de junio y se refiere a la compra del programa informático que el TSE usó para transmitir de forma rápida los resultados de la primera ronda presidencial del 25 de junio y del balotaje del 20 de agosto.
Según la fiscalía al suscribir el contrato no se supervisó independientemente el software ya que la misma empresa que vendió el sistema designó a un supervisor “usurpando funciones públicas (del TSE) como lo es la sumatoria y transmisión de los votos”. Según la ley sólo las Juntas Receptoras de Votos pueden contar los sufragios.
La fiscalía también sostiene que se cometió un fraude al erario al autorizar y adjudicar la compra a una empresa que hizo una oferta más alta que otra.
El TSE ha explicado que el sistema de cómputo es una herramienta alterna al proceso electoral. Luego de que las juntas receptoras cuentan los votos, se emiten actas que se comparten con digitadores que las ingresan al sistema, se verifican dos veces y luego se publican. Los datos son preliminares ya que los resultados finales sólo los puede oficializar el TSE.
La fiscalía ha buscado retirar la inmunidad de los magistrados por otros casos.
El primero fue a fines de agosto contra tres magistrados por la inscripción irregular del entonces candidato a diputado Manuel Antonio Baldizón Méndez, que fue cancelada. Baldizón nunca participó en las elecciones.
El segundo fue el 5 de septiembre por una denuncia de fraude que presentó el partido de Torres.
Arévalo ha denunciado y pedido la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de intentar bloquear que asuma el poder en enero de 2024. Las acciones de la fiscalía han sido rechazadas y cuestionadas por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Porras fue sancionada por el gobierno estadounidense que le retiró la visa por obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país centroamericano.
El miércoles el presidente Alejandro Giammattei anunció que se retomaban las discusiones de transición de gobierno con Arévalo luego de que éste anunciara que las suspendía por no haber condiciones para el diálogo. Giammattei dijo que acepta todos los cambios que Arévalo propuso a la metodología de transición y que le entregará el poder como está previsto en la constitución el 14 de enero de 2024.
