ISLAMABAD (AP) — Naciones Unidas dijo el miércoles que documentó más de 1.600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades en Afganistán durante arrestos y detenciones, e instó al gobierno Talibán a frenar las torturas y a proteger los derechos de los apresados.
Casi el 50% de las violaciones fueron “torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes", indicó la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, UNAMA.
El reporte elaborado por el Servicio de Derechos Humanos de la misión abarcó un periodo de 19 meses — desde enero de 2022 a finales de julio de 2023 — y documentó casos en 29 de las 34 provincias del país. En el 11% de los casos, las víctimas fueron mujeres, agregó.
Las torturas destinadas a obtener confesiones y otro tipo de información incluyeron golpizas, asfixia, suspensión desde el techo y descargas eléctricas. Los casos que no se consideraron suficientemente creíbles y fiables no se incluyeron en el reporte, añadió.
El Talibán había prometido un gobierno más moderado que el de su primera etapa en el poder, en la década de 1990. Pero han impuesto medidas duras desde su llegada al poder a mediados de agosto de 2021, coincidiendo con la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN del país tras más de dos décadas de guerra.
“Los relatos personales de golpizas, descargas eléctricas, tortura con agua y numerosas formas más de trato cruel y degradante, junto con las amenazas realizadas a individuos y a sus familias, son desgarradores”, indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado emitido junto con el informe.
“Este reporte sugiere que la tortura se utiliza además como herramienta en lugar de investigaciones eficaces. Insto a todas la autoridades de facto implicadas a aplicar medidas concretas para poner fin a estos abusos y a exigir responsabilidades a sus autores", afirmó Türk.
La UNAMA emplea el término “autoridades de facto” para referirse al gobierno del Talibán.
El reporte reconoce algunas medidas tomadas por agencias gubernamentales para vigilar los centros de detención e investigar denuncias de abusos.