MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
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El proceso disciplinario busca conocer si "la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación" para expedir estos documentos habría supuesto una vulneración de algunas normas de la contratación estatal.
En ese sentido, la Procuraduría señala en un comunicado que advirtió que el ministro Leyva y Salazar Ramírez podrían haber incurrido en una falta disciplinaria que afectó a los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
La investigación de la Procuraduría llega en un momento en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha abierto una nueva licitación para el contrato de una empresa que se encargue de expedir pasaportes, recoge el diario 'El Tiempo'.
Hace una semana, Leyva firmó una resolución de carácter de urgencia para contratar de manera directa al encargo de prestar estos servicios, después de que el Gobierno declarara desierta la licitación que se había presentado en mayo para renovar el contrato con la empresa encargada hasta ese momento, Thomas Greg & Sons.
El Gobierno argumentó que tan solo una empresa se había presentado a concurso, la ya citada, si bien la oferta propuesta no garantizaba los principios básicos de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades.
