LA HAYA, Holanda (AP) — Ucrania insistió el martes en que el máximo tribunal de Naciones Unidas tienen jurisdicción para abordar un caso que denuncia que Moscú abusó de la Convención contra el Genocidio para justificar el inicio de su devastadora invasión el año pasado.
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Kiev quiere que los jueces de la Corte Internacional de Justicia ordenen al Kremlin que suspenda sus ataques y pague indemnizaciones. Pero parece poco probable que Moscú cumpla un fallo así. Rusia desobedeció una orden provisional vinculante emitida por el alto tribunal en marzo del año pasado para frenar la invasión.
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“El desafío de Rusia es también un ataque a la autoridad de esta corte. Cada misil que Rusia dispara sobre nuestras ciudades, lo hace desafiando a esta corte", dijo el jefe del equipo legal ucraniano, Anton Korynevych, al panel de 16 magistrados.
Kiev presentó la demanda poco después del inicio de la invasión rusa alegando que el ataque se basó en denuncias falsas de actos de genocidio en las provincias de Luhansk y Donetsk, en el este del país.
“Rusia está librando una guerra contra mi país en nombre de la terrible mentira de que Ucrania está cometiendo genocidio contra su propio pueblo”, agregó Korynevych.
“Esta mentira es el pretexto de Rusia para la agresión y la conquista. Rusia no ha presentado pruebas creíbles. No puede. En realidad, Rusia ha puesto patas arriba la Convención contra el Genocidio”.
En su presentación de alegaciones el lunes, el jefe del equipo legal de Rusia, Gennady Kuzmin, indicó que el proceso “es irreparablemente defectuoso y contrario a la antigua jurisprudencia de este tribunal”.
El caso de Ucrania se basa en la Convención contra el Genocidio de 1948, que fue ratificada tanto por Moscú como por Kiev. La Convención incluye una disposición según la cual las naciones que tengan desacuerdos basados en el documento pueden resolverlos ante el tribunal. Al contrario que Ucrania, Rusia niega que exista una disputa.
La Corte Internacional de Justicia atiende litigios entre naciones mientras que la Corte Penal Internacional, que también tiene su sede en La Haya, juzga a personas responsables de delitos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En marzo, la CPI dictó una orden de detención internacional por crímenes de guerra contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en el secuestro de niños ucranianos.
En una muestra de solidaridad internacional sin precedentes, 32 aliados de Ucrania ofrecerán presentaciones en apoyo a los argumentos legales de Kiev el miércoles.
