MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
"Más allá de los conceptos ha llegado un momento de quiebre en el país. En San Juan de Lurigancho se han dado 96 asesinatos en las últimas semanas y existe una situación en que se están poniendo granadas en locales", ha indicado Otárola, que ha alertado de que es trata de una "situación de hartazgo en la ciudadanía".
En este sentido, ha aseverado que "se ha escuchado el clamor de los alcaldes. Mañana me voy a reunir con el alcalde de San Juan Lurigancho y vamos a establecer los planes operativos", ha manifestado en declaraciones a la emisora de radio RPP.
Además, ha manifestado que estas medidas, tomadas también en los municipios de San Martín de Porres y Sullana, conllevará la "suspensión de algunos derechos constitucionales", al tiempo que ha aclarado que las Fuerzas Armadas "no serán meros espectadores".
"Se va a suspender el ejercicio, de ser necesario, de ciertos derechos constitucionales para procurar que la Policía pueda intervenir en los locales y domicilios, ahí donde la Inteligencia policial detecte la presencia de organizaciones criminales o mafias. Las Fuerzas Armadas van a actuar en respaldo de la Policía Nacional", ha explicado.
El mandatario ha apuntado, no obstante, que "esto no significa que los militares tenga una presencia meramente espectadora sino que van a cuidar los activos críticos y van a estar a disposición de la Policía para respaldarlos en el cuidado de estos activos críticos".
Por otro lado, Otárola ha defendido la labor de Vicente Romero al frente del Ministerio del Interior. En ese sentido, ha puntualizado que gracias a su gestión se ha logrado dar "grandes golpes a la criminalidad" en el país.
"El ministro Romero ha demostrado ser un policía que ha estado mucho tiempo controlando el narcotráfico en el país y de manera silenciosa ha estado desarticulando muchas organizaciones y bandas de delincuentes", ha sostenido.