BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)
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"Explicaré a mis colegas la especificidad del régimen constitucional lingüístico español que lo hace prácticamente único en la Unión Europea y explicaré que estos idiomas se usan dentro del Parlamento español", ha expresado Albares en una declaración sin preguntas a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE.
En este encuentro, los 27 examinarán por primera vez a nivel político la petición española, aunque una mayoría de gobiernos han avisado ya de que no están preparados para tomar una decisión sin examinar antes las consecuencias financieras y políticas de la medida.
Para convencer a sus socios europeos, España se ha ofrecido a asumir el coste de lo que supondría la traducción e interpretación del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales comunes, a pesar de que ser parte del reglamento común que rige las lenguas reconocidas implica que tal coste se sufraga con el presupuesto comunitario. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez tampoco ha facilitado por el momento ninguna cifra del coste estimado para esta medida.
En todo caso, el jefe de la diplomacia europea ha defendido que las lenguas cooficiales en España no son "lenguas minoritarias" y ha expuesto que el catalán, por ejemplo, es hablado por 10 millones de ciudadanos, lo que le sitúa "por encima de muchas lenguas que son oficiales e idiomas de representantes que estarán en torno a la mesa esta mañana".
"No se trata de una propuesta nueva o inédita, hace casi 20 años que España viene solicitándolo", ha insistido Albares, para subrayar después que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales, aunque no hay un régimen equivalente con el Parlamento Europeo.
El Gobierno anunció el pasado verano que elevaría al Consejo de la UE la propuesta para modificar el reglamento de lenguas oficiales de la UE, tal y como exige Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pero el asunto no llegó hasta la semana pasada al debate en Bruselas, cuando fue abordado por primera vez a nivel de embajadores y quedó patente que los socios no comparten el "sentido de urgencia" de España y que necesitan un dictamen jurídico de los servicios legales del Consejo antes de tomar una decisión.
