CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía de Guatemala concluyó el jueves dos días de allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los que se abrieron las cajas donde se guardan los votos de la primera vuelta de la reciente elección presidencial, según confirmó el fiscal a cargo de la investigación. En tanto, crecen las muestras de rechazo ante la arremetida de la fiscalía contra el proceso electoral que dio la victoria al progresista Bernardo Arévalo.
Rafael Curruchiche, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y responsable de la indagación, dijo el jueves que había finalizado sus diligencias en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, en las que personal de la fiscalía abrió 70 cajas electorales para verificar su contenido.
En esas cajas, estaban resguardados los votos de los ciudadanos de la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 25 de junio en el país centroamericano.
El partido del presidente electo, el Movimiento Semilla, enfrenta también una investigación judicial que busca suspender su personalidad jurídica por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para su constitución.
Las acciones de Curruchiche han cosechado muestras de rechazo internacional como la del Parlamento Europeo. En una declaración el jueves dijo que condenaba enérgicamente las acciones de la fiscalía “así como la apertura de cajas con votos emitidos en las elecciones generales del pasado mes de junio y la incautación de material informático relacionado con la transmisión de los resultados electorales preliminares, vulnerando la integridad del proceso electoral y la cadena de custodia”.
El fiscal aseguró que, luego de los allanamientos, habían entregado de vuelta las cajas electorales al ente electoral para su resguardo y que “ellos dieron su anuencia y consideración correspondiente al aceptar estas cajas".
Defendió que "todo ha quedado debidamente documentado, debidamente embalado y el delegado del TSE ha recibido a su entera satisfacción y ha firmado la cadena de custodia correspondientes”, desmintiendo que fuera cierto que se haya violado la cadena de custodia del voto, como denunció Irma Palencia, magistrada presidente del TSE.
La propia Palencia corrigió a Curruchiche tras sus afirmaciones y dijo a la prensa que “a la persona que gestó todo este asunto le conviene decir que no hubo ninguna violación a la custodia del voto y no es cierto; las cosas no quedaron igual, nunca habíamos tenido un acto de esta naturaleza condenado nacional e internacionalmente".
La magistrada dijo que el personal jurídico del Tribunal Supremo Electoral protestó contra las acciones de la fiscalía para que quedara como constancia en el acta que se fraccionó de la diligencia.
El miércoles fueron presentadas al menos tres denuncias, solicitudes de retiro de inmunidad y amparos contra la fiscal general, Consuelo Porras, así como contra Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana que ordenó el allanamiento.
Las querellas presentadas por el Movimiento Semilla, el TSE, Acción Ciudadana capítulo de Transparencia Internacional para Guatemala y un grupo de abogados buscan que se investigue a los funcionarios por los delitos de violaciones a la constitución, abuso de autoridad con fines electorales y prevaricato al haber abierto las cajas que contenían los votos, algo que por ley sólo pueden hacer el propio tribunal electoral y las Juntas Receptoras de votos.
Ángel Pineda, secretario general de la fiscalía, envió una larga misiva al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Senado estadounidense, a través de la Cancillería guatemalteca, para quejarse de los reclamos que Estados Unidos realiza casi a diario y públicamente a la fiscalía por ataques a operadores de justicia perseguidos, al proceso electoral y al Movimiento Semilla.
La misiva dice que el Congreso de Estados Unidos se ha sumado “a los ataques promovidos por el Departamento de Estado en contra de Guatemala”.
“Ha estado investigando y exponiendo la utilización del poder como un arma contra enemigos políticos, y es precisamente esto, lo que el Departamento de Estado está haciendo en contra del Ministerio Público", reprocha el texto. "Incluso han llegado al punto de promover informaciones carentes de veracidad intentado socavar la imagen y la función del Ministerio Público de cumplir con su mandato legal y constitucional y legal de ser garante del estricto cumplimiento de la ley”.
Por su parte, cuatro universidades privadas del país pidieron que las acciones legales y penales en curso que realiza la fiscalía, como el proceso electoral, culminen dentro de un marco de total legalidad, regulado por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de orden constitucional.
“La democracia representa un pilar fundamental en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es un sistema que garantiza la participación activa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones, promoviendo el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad”, dice el comunicado de las universidades.
Porras, Pineda, Curruchiche, Orellana y Monterroso han sido sancionados por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción, socavar la democracia en Guatemala, así como presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas.