SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)
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"Queremos que haya una obligación legal para que las empresas a lo largo de todas sus cadenas de valor respeten los derechos humanos y el medioambiente y se garantice el acceso a la justicia a las víctimas de los abusos", ha explicado Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables, entidad organizadora de unas jornadas en coincidencia con la reunión del Ecofin a partir de este jueves en la capital gallega.
En torno a una veintena de entidades se han reunido para reclamar a los responsables de economía de los gobiernos europeos y latinoamericanos que sean "ambiciosos" en la directiva internacional para regir la actividad de las empresas que operan en distintos países del mundo.
Según ha denunciado Acero, los términos de esta directiva que se negocian en estos momentos "se quedan muy escasos" a la hora de reclamar a estas multinacionales que cumplan con cuestiones relativas a la protección del medio ambiente o los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
REPRESIÓN EN COLOMBIA
Abel Rivera se encuentra en situación de asilo en España, dentro de un programa de protección internacional a trabajadores represaliados por sus compañías. En su caso, por denunciar desde el año 2015 las prácticas que realiza la multinacional francesa Nestlé en su planta de Bugalagrande, en el colombiano Valle del Cauca.
Afirma que dos de sus compañeros han sido asesinados por su actividad sindical en denuncia de los "abusos" laborales y medioambientales de la filial colombiana, de la que, según Rivera, Nestlé se desentiende alegando que "nada tiene que ver" con ella y que su actividad en el país latinoamericano es independiente.
"Hoy Nestlé de Colombia está diciendo que ellos son Nestlé de Colombia y que nada tienen que ver con Nestlé de Europa. Pero todos sabemos que Nestlé es de capital europeo, que tiene su casa matriz en Ginebra, que es el mismo presidente y son las mismas políticas de compañía para su política social empresarial. No nos cabe este discurso", ha aseverado.
En declaraciones a Europa Press, ha señalado que la compañía se aprovecha de las leyes de contratación colombianas para evitar realizar contratos estables a los jóvenes de entre 18 y 25 años que empiezan a trabajar en la factoría pero que "nunca" sobrepasan el año de contrato.
Rivera afirma que a través de estas prácticas "han tirado a la calle a unos 4.000 trabajadores" que ingresaban en la compañía "con la ilusión de tener un trabajo indefinido". "Pero sólo era eso, una ilusión", ha apostillado.
La central a la que pertenece Abel Rivera, el Sindicato de Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrail), también denuncia los incumplimientos en materia medioambiental de la compañía, a la que acusan de aprovecharse de los recursos hídricos sin revertir beneficios en la comunidad, además de realizar vertidos contaminantes a los ríos.
En este sentido, ha señalado que, cuando estas prácticas contaminantes han sido denunciadas, los responsables de la filial de la multinacional francesa alegaron que respondían económicamente "por encima" del baremo compensatorio establecido para los vertidos en la regulación del país. "O sea, que podrían pagar más y contaminar más", ha concluido.
Censura que, una vez realizadas estas denuncias, la empresa haya realizado campañas con escolares de la zona y "muchos medios de comunicación" para sembrar árboles en el entorno donde se producen los vertidos de los desechos industriales.
"Dicen que el agua está limpia pero no puede ser porque es un agua que nace cristalina en un páramo y, después del proceso industrial, sale de color de un tinto americano", ha aseverado Rivera, que afirma que estas denuncias han supuesto el inicio de una "persecución" para los trabajadores que las hacen y sus familias.
El programa de asilo bajo el que se encuentra Abel Rivera finaliza a finales de año, con lo que su voluntad es regresar a Colombia, donde se encuentra su familia. "Le decimos a la empresa que brinde la posibilidad de garantizar tranquilidad para la familia y el trabajador, yo no le estoy pidiendo plata", ha sentenciado el trabajador, que da por hecho que debe regresar junto a su familia pese a la situación de riesgo que le aguarda en su país.
