LIMA (AP) — El gobierno de la presidenta Dina Boluarte convocó el martes al más alto representante de Naciones Unidas en el Perú para transmitirle su “extrañeza” por criticar una decisión del Parlamento que autorizó iniciar un juicio rápido contra todos los miembros del sistema elector y sancionador de magistrados en el país.
Los críticos dicen que esa medida del Parlamento podría afectar el equilibrio de poderes y la independencia judicial.
En un comunicado, la cancillería indicó que se le recordó al Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, el chileno Igor Garafulic, “el marco en el cual se deben desarrollar sus funciones, en estricto cumplimiento de las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
La reacción del gobierno peruano ocurre luego que el jueves el Sistema de Naciones Unidas en el Perú expresó en un pronunciamiento público “su preocupación” por la aprobación, horas antes, de una decisión en el Congreso para avanzar con una investigación sumaria de 14 días contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuestas causas graves que podrían derivar en su remoción total.
Según el Parlamento, algunos miembros de la Junta habrían intentado presionar al presidente de la Corte Suprema para desacreditar al Congreso y en otro caso habrían filtrado información a la prensa sobre una investigación contra la Fiscal general.
En un comunicado, la Junta negó las acusaciones del Congreso y las calificó de “carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”. Añadió que la eventual remoción de sus miembros constituiría un “quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.
El Sistema de Naciones Unidas en Perú indicó que la Junta tiene un “rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y la administración de la justicia”, que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales.
La decisión del gobierno sucede también a una declaración del lunes en Ginebra del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante el 54 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la que instó al Congreso de Perú a cumplir los principios básicos de Naciones Unidas “sobre la independencia del poder judicial y el respeto del equilibrio de poderes”.
El Parlamento es la institución más desacreditada de Perú, según todas las encuestas, y no es la primera vez que su actuación ha sido cuestionada. En los últimos meses los legisladores han intentado modificar la constitución para someter a juicio político al máximo juez electoral, que goza de protección. En agosto los legisladores eligieron como su presidente a un congresista con más de 50 investigaciones fiscales.
En un comunicado, la Junta negó las acusaciones y las calificó de “falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”. Añadió que la eventual remoción de sus miembros constituiría un “quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.
La Junta Nacional de Justicia tiene el poder de elegir o remover a todos los jueces y fiscales. También elige al jefe del organismo que realiza las elecciones y al que dirige el registro nacional de identidad. La Junta fue creada en 2018 tras la disolución de un organismo con similares funciones cuyos miembros estaban inmersos en escándalos de corrupción por intercambiar favores con jueces y fiscales.
El Congreso tiene los índices más elevados de desaprobación, según todas las encuestas. Un estudio de opinión de agosto de la firma Ipsos Perú arrojó que la impopularidad del Parlamento fue de 83%. Se encuestó a 1.212 peruanos entre el 10 y 11 de agosto.