MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Esta operación de compraventa fue firmada el pasado mes de octubre de 2022. Sin embargo, la Fiscalía decidió iniciar un proceso de investigación el 31 de enero de este año, ante la posibilidad de que la concentración de activos supusiera una reducción de la competencia.
Más tarde, en marzo de este año, la FNE extendió este proceso de investigación por otros 90 días. Posteriormente, en julio, las partes de la transacción y la FNE acordaron una suspensión del proceso de aprobación de la transacción, por un plazo de 35 días hábiles administrativos, esto es, hasta el día 6 de septiembre de 2023, inclusive.
La Fiscalía analizó como posibles riesgos que esta concentración podría permitir a InfraCop subir los precios o deteriorar la calidad de servicio prestado.
También se detectó el posible riesgo de que pudieran aumentar los costes a los competidores de Telefónica en el mercado de provisión de servicios fijos minoristas, mediante un incremento de precios o un bloqueo en el acceso de un insumo importante para brindarlos.