LA PAZ, Bolivia (AP) — El líder opositor Luis Fernando Camacho retornó a prisión el miércoles después de estar más de siete horas en un hospital para que le realicen unos estudios médicos luego de que su salud se deteriorara durante la detención preventiva en una cárcel después de más de ocho meses gobernando tras las rejas por una denuncia de sedición y terrorismo.
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Camacho, gobernador de la ciudad de Santa Cruz y quien sostiene que es víctima de una persecución del gobierno del presidente Luis Arce, retornó a la cárcel en medio de un fuerte operativo policial casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negara el pedido de medidas cautelares para salir de prisión y defenderse en libertad tras un pedido de la oposición en enero.
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El gobernador no logró que le realicen todos los estudios médicos que esperaba después de que las autoridades del sistema penitenciario dieran luz verde para su salida, aseguró a The Associated Press el abogado defensor, Martín Camacho, por teléfono.
“La defensa va a pedir, mediante una petición de un juez, la cesación a la detención preventiva porque está en riesgo su vida”, señaló, y agregó que después de una orden de la dirección de Regimen Penitenciario el gobernador fue trasladado al penal pese a que presentó una “anomalía” en los latidos del corazón cuando se le realizaban los estudios.
En una comparecencia ante un juez a Camacho en julio se lo vio muy delgado, lo que llamó la atención de su familia y sus seguidores Según su abogado, el gobernador perdió entre 12 y 15 kilos. A raíz de ello una junta compuesta por 26 médicos lo revisó en el penal y solicitó su salida para que sea sometido a exámenes médicos en un hospital debido a que su familia expresó especial preocupación por su síndrome de Churg-Strauss, un trastorno que inflama los vasos sanguíneos y puede provocar daños permanentes en los órganos si no es tratado adecuadamente, agrabado por su presión alta.
Según imágenes televisivas, el gobernador salió caminando del penal con sus manos esposadas hacia una ambulancia hacia el Hospital del Sur, en la vecina ciudad de El Alto.
La justicia boliviana determinó en diciembre la detención preventiva de Camacho, de 44 años, después de un operativo policial que él calificó de “secuestro”.
El líder opositor de derecha encabezó en 2019 las protestas desde Santa Cruz —considerada la ciudad más próspera de Bolivia— contra el entonces presidente Evo Morales tras las elecciones en las que buscaba su cuarto mandato consecutivo y que fueron consideradas fraudulentas. Morales renunció en medio de un estallido social que dejó 37 muertos.
Camacho gobierna Santa Cruz desde la prisión de Chonchocoro, en el altiplano de Bolivia, donde se encuentran los presos más peligrosos.
Erwin Bazán, diputado de Creemos, fuerza que lidera Camacho, considera que en Bolivia el partido gobernante para instalar una dictadura necesita frenar a Santa Cruz, y para ello a “secuestrado al gobernador” y busca “tomar la gobernación la cual no se ha podido” llevar a cabo. Explicó que en su detención no se respetaron sus derechos y tampoco el debido proceso.
Para los oficialistas “Camacho ha cometido un golpe de Estado y es cómplice de las muertes”, según dijo el diputado por el partido gobernante Renan Cabezas. Más irónico fue el viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, quien atribuyó la delgadez del gobernador a que en la cárcel el gobernador “no hace ejercicio” y que en la cárcel “no hay las hamburguesitas... ni cervecitas”.
El caso “tiene una clara dimensión política”, señalando que “no hay una justificación sólida para que esté en prisión preventiva”. dijo a la AP César Muñoz, director asociado de la división de las Américas de Human Rights Watch.
En un país donde más del 60% de los detenidos se encuentran en prisión preventiva y la independencia del poder judicial se cuestiona abiertamente, “la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla”, afirmó Muñoz.
En tanto, Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, dijo que la detención de Camacho se produce “en un país donde la falta de independencia judicial es evidente”. Gobiernos de todas las tendencias políticas “han aprovechado la ausencia de un poder judicial independiente para utilizar los tribunales contra opositores políticos”, agregó.
