MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Así, las autoridades filipinas tratan de poner fin a un problema humanitario que ha dejado durante décadas a estos residentes en un estado de "ilegalidad" en el país del sudeste asiático.
Esta diáspora japonesa, conocida como 'Nikkeijin', ha tenido que pagar las multas antes de viajar a Japón incluso después de haber logrado obtener la nacionalidad japonesa y el pasaporte. Sin embargo, muchos no han podido costear la cuantiosa suma que se ha ido acumulando durante años mientras vivían en Filipinas, según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.
La Embajada de Japón en Filipinas se ha hecho eco de esta decisión, que fue tomada en julio por el Departamento de Justicia filipino como parte de una nueva normativa migratoria.
El centro legal de apoyo a la comunidad 'Nikkeijin' en Filipinas ha indicado que un centenar de residentes, la mayoría de más de 80 años, no han podido viajar hasta ahora a Japón debido a estas multas.
Este es el caso de Tomaho y varios de sus hijos, que fueron capturados por los militares estadounidenses poco antes de que finalizara la guerra. Tomaho fue deportado a Japón, mientras que su mujer e hijos se quedaron en Filipinas y han tenido que demostrar su procedencia.
Sin embargo, cuando trataron de regresar a Japón, el Gobierno le notificó que debía abonar una multa de 2 millones de pesos (unos 35.000 euros) antes de abandonar el territorio filipino.