CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las elecciones presidenciales en Guatemala han enfrentado algunas objeciones legales a pesar de que los resultados de la segunda vuelta fueron contundentes: el candidato progresista Bernardo Arévalo obtuvo 60,91% de los votos frente a 39,09% de la conservadora Sandra Torres.
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Después de una semana de incertidumbre, el máximo tribunal electoral finalmente certificó a Arévalo como ganador, aunque la fiscalía insiste en querer suspender a su partido, el Movimiento Semilla, por supuestas irregularidades en la obtención de las firmas para registrarse.
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En paralelo, Torres ha presentado una denuncia en los tribunales para intentar anular el resultado electoral alegando que hubo fraude en el recuento de votos, algo que no advirtió ninguno de los observadores independientes del proceso electoral.
A continuación, una explicación sobre el complejo escenario judicial.
LA CORRUPCIÓN COMO ANTECEDENTE
La corrupción e impunidad se volvieron tan generalizadas que en 2006 Guatemala tuvo que convocar a una comisión respaldada por las Naciones Unidas —la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)— para combatirla. Durante los 12 años en los que funcionó, 60 estructuras del crimen organizado fueron desmanteladas y al menos un millar de personas procesadas, entre ellas jueces, funcionarios públicos y empresarios.
En 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina renunció al cargo en medio de investigaciones en su contra y terminó condenado a prisión por corrupción junto a quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Quien lo sucedió en el poder, Jimmy Morales, expulsó en 2019 a la CICIG luego de que ésta acusara a sus familiares de hechos de corrupción.
Bajo la administración del actual presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, elegida por él, hubo una arremetida contra quienes investigaron hechos de corrupción. Unos 30 jueces y fiscales involucrados en la investigación o procesamiento de estos casos se vieron obligados a exiliarse tras enfrentar acciones legales. También opositores y críticos del gobierno han huido o han sido encarcelados. El gobierno estadounidense canceló la visa de Porras, así como la de otros funcionarios del Poder Judicial por sus acciones, a las que calificó de injustificadas o abusivas.
¿CÓMO SE RELACIONAN ESTOS PRECEDENTES CON EL PROCESO ELECTORAL?
Durante la campaña presidencial Arévalo prometió luchar contra la corrupción, una demanda de la sociedad guatemalteca que puso nerviosa a la élite política.
Mientras Arévalo avanzaba con su campaña y sus declaraciones anticorrupción, el fiscal Rafael Curruchiche abrió un proceso contra el Movimiento Semilla bajo el argumento de que las firmas reunidas para registrarse como partido fueron ilegales.
Curruchiche logró que un juez ordenara la suspensión del partido a pesar de que la ley establece que no se puede suspender a una fuerza política en medio de un proceso electoral.
El fiscal ha sido sancionado por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país centroamericano.
Para Roberto Alejos, exdiputado e integrante de la Asamblea Nacional Constituyente que en 1985 formuló y aprobó la actual constitución guatemalteca, la suspensión provisional del partido no afecta al presidente y vicepresidenta electos.
“A Bernardo Arévalo y a Karin Herrera ya electos y reconocidos, el tema de la suspensión de Semilla ya no les perjudica en nada porque ellos ya son presidente y vicepresidenta electos”, dijo. “Tener o no un partido no les va a impedir nada ni tomar posesión del cargo”.
Alejos explicó que una vez que se ha lanzado la campaña electoral ningún partido puede ser suspendido, menos aún si ya ha registrado a sus candidatos.
¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS DE LA FISCALIA CONTRA EL MOVIMIENTO SEMILLA?
De acuerdo con la fiscalía, una de las personas que firmó el registro del partido de Arévalo denunció en 2022 que su firma fue falsificada. La autoridad también aseguró que de las firmas necesarias para la inscripción del partido había 5.000 cuestionadas, pero luego bajó la cifra a poco más de 100. La fiscalía también dijo que entre las 25.000 rúbricas totales se encontraron los nombres de 12 personas muertas y que a algunas personas se les había pagado a cambio de que firmaran el registro.
¿QUÉ PASARÁ CON LAS BANCAS EN EL CONGRESO QUE OBTUVO EL PARTIDO DE ARÉVALO?
Semilla logró 23 escaños para la próxima Legislatura y, de acuerdo con el exdiputado Alejos la suspensión del partido podría tener implicaciones.
Mientras esté suspendido el partido los diputados sí podrán asumir el cargo pero “no tendrían derecho a integrar comisiones en el Congreso” como la de Seguridad o Justicia que analizan en grupos de trabajo las propuestas legislativas y otras actividades, indicó Alejos.
El constituyente explicó que los legisladores tampoco podrán considerarse independientes. Recién si Semilla es cancelado “quedan libres y pueden optar ser independientes o unirse a otro partido”.
Alejos estimó que la disputa legal será larga porque ambas partes —la fiscalía y el partido— podrán interponer recursos legales.
“Lo que la fiscalía ha hecho, de intervenir en el proceso electoral, está creando una inestabilidad jurídica impresionante que afectará la gobernabilidad, la economía, el turismo, la certeza jurídica y eso crea impacto en la inversión”, dijo Alejos.
¿CÓMO SEGUIRÁ EL PROCESO?
El martes el Movimiento Semilla solicitó la nulidad de su suspensión y ahora será el Tribunal Supremo Electoral el que, en tres días, deberá resolver la situación.
El presidente Giammattei ha tratado de alejarse de la disputa y ha dicho que está dispuesto a reunirse con Arévalo y entregarle el poder el 14 de enero de 2024, como está previsto.
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Stevenson reportó desde la Ciudad de México.
