WASHINGTON (AP) — Valerie Laveus recuerda cuando escuchó hablar por primera vez de un programa de inmigración diseñado para permitir que personas vengan a Estados Unidos desde cuatro países, incluido su Haití natal.
“Dije: ‘¡Vaya! Esto parece que funcionaría bien para traer a mi sobrino y a mi hermano al país’”, expresó la maestra de Florida, que recibió un mensaje de WhatsApp en enero y verificó con un abogado de inmigración que el programa fuera real.
Después de años de intentar obtener una tarjeta de residente permanente, su hermano llegó con su sobrino hace algunos días, listos para comenzar una vida nueva. Son dos de las aproximadamente 181.000 personas que han ingresado a Estados Unidos bajo el programa de permiso humanitario desde que el presidente Joe Biden lanzó la iniciativa.
Pero 21 estados de tendencia republicana amenazan con poner fin a dicho programa mediante una demanda para determinar su legalidad, la cual será examinada en un tribunal de Texas a partir del jueves, y la decisión se tomará posteriormente.
Si el gobierno de Biden pierde, ello socavaría una política más amplia que busca alentar a los inmigrantes a utilizar las vías preferidas de su gobierno para ingresar a Estados Unidos, y si no lo hacen así enfrentar duras consecuencias. El gobierno ha dicho que tuvo que actuar ante la falta de una acción del Congreso para reformar el sistema de inmigración del país.
Pero gran parte de la estrategia del gobierno está a sólo una demanda de venirse abajo.
En el juicio de Texas se prevé que los estados republicanos argumenten que el gobierno de Biden básicamente está usurpando el poder del Congreso, al permitir que hasta 360.000 personas ingresen anualmente a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el programa de permiso humanitario. Dicen que dicho programa es una extralimitación de un poder para otorgar permisos humanitarios destinado a ser utilizado con base en una revisión caso por caso por razones humanitarias urgentes, o por representar un beneficio significativo para el público.
El gobierno alega que tiene el poder de usar el poder humanitario de esta manera, y atribuye a la iniciativa la drástica reducción de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de esos cuatro países. Los solicitantes del programa deben aprobar verificaciones de antecedentes y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos que responda por ellos. Si se les aprueba, deben volar a un aeropuerto estadounidense en lugar de cruzar por la frontera sur. Luego pueden permanecer en el país durante dos años y obtener un permiso de trabajo.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes solicitaron con éxito unirse a los procedimientos jurídicos en nombre de Laveus y otras seis personas que patrocinan a inmigrantes. Esther Sung, abogada del Justice Action Center —un grupo que busca mejorar la vida de los inmigrantes_, dijo que los grupos quieren mostrar ante el público a las personas reales que se han ofrecido como voluntarias para ser patrocinadoras y cómo resultarían afectadas si el programa llega a su fin.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en una conferencia telefónica reciente que el gobierno está preocupado por el próximo juicio y apelará si pierde.
El caso está programado para ser escuchado en Victoria, Texas, por el juez Drew Tipton, quien fue designado por el expresidente Donald Trump y ha fallado en contra de Biden con respecto a qué personas darles prioridad para su deportación. El gobierno federal presionó sin éxito para que el caso de permiso humanitario fuera transferido de la sala del tribunal de Tipton, luego de insinuar que los estados republicanos presentaron la demanda en Victoria porque buscaban un juez favorable a su posición.
Estados Unidos usó sus poderes de permiso humanitario para permitir la entrada de decenas de miles de ucranianos cuando Rusia invadió su país. La demanda de los estados republicanos no impugna esa decisión.
Casi cualquier persona puede ser patrocinador siempre y cuando llene el papeleo. Muchos, como Laveus, patrocinan a familiares que no tienen otra manera de venir a Estados Unidos.
Laveus dijo que a su hermano se le aprobó una tarjeta de residente permanente hace unos años, pero las cuotas del sistema de inmigración significaban que se estimaba que su llegada se retrasaría otros seis años. Mientras tanto, ella respaldó económicamente a parientes lejanos que intentaban sobrevivir en un país azotado por la inestabilidad económica y controlado en gran medida por pandillas.
Un exdirigente político opositor y activista por los derechos humanos proveniente de Nicaragua, encarcelado en su país por sus actividades, fue apadrinado por su hermano, un ciudadano estadounidense que reside en El Paso, Texas. El hombre, quien pidió no revelar su identidad para proteger a su familia en Nicaragua, llegó a Estados Unidos en julio y planea trabajar en el sector de la construcción.
“Quise aprovechar esta oportunidad de salvar mi vida”, dijo.
Miembros de iglesias, sinagogas y mezquitas se han unido para patrocinar a personas que no conocen, fundamentados en sus creencias religiosas de ayudar a los demás.
Eric Sype patrocina a un miembro de una familia con la que se hospedó cuando vivió y trabajó en Nicaragua mientras era estudiante universitario en 2014. Sype es uno de siete patrocinadores representados por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en la impugnación jurídica.
La persona a la que patrocina planea trabajar en Estados Unidos durante dos años, y luego regresar a Nicaragua para estar con su esposa y sus dos hijos. Sype dijo que su amigo se quedará en la casa en la que Sype creció en el estado de Washington, donde un primo le ofreció trabajo en un huerto que cultiva peras, cerezas y manzanas.
Sype agregó que no dudó en patrocinar al hombre, de quien dijo forma parte de su “familia elegida”. Sype ha pasado fiestas importantes, incluida la Navidad, con la familia en Nicaragua, y hablan o se envían mensajes semanalmente.
“Realmente no imagino cómo este programa esté haciendo otra cosa que no sea beneficiar a la gente, reunir de nuevo a la gente”, dijo.
El programa del gobierno de Biden parece ser uno de los que más ha utilizado la facultad de otorgar el permiso humanitario, pero no es el único gobierno estadounidense que la ha usado.
Esa facultad ha sido utilizada repetidamente en formas grandes y pequeñas, incluyendo el proporcionar entrada a vietnamitas, camboyanos y laosianos a finales de la década de 1970, kurdos iraquíes que ayudaron a Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico en la década de 1990, y cubanos que huyeron de su país en diversas ocasiones, según datos del Cato Institute, una organización de investigación de políticas públicas.
El gobierno de Biden inició el programa para los venezolanos en octubre de 2022 y en enero añadió a los cubanos, haitianos y nicaragüenses.
No obstante, algunas personas que generalmente apoyan el programa están preocupadas. Los críticos dicen que el requisito de tener un patrocinador financiero favorece esencialmente a los inmigrantes con mejor nivel económico y bien conectados, y a la vez temen que el programa pueda usarse para explotar a los inmigrantes.
Muriel Sáenz, quien ayuda a los inmigrantes a través de Nicaraguans Around the World (Nicaragüenses Alrededor del Mundo), un grupo con sede en Texas, dijo que puede ser difícil encontrar patrocinadores para inmigrantes que no tengan lazos familiares en Estados Unidos. Alienta a los ciudadanos estadounidenses a patrocinar a personas que no conocen, algo que puede ser más difícil de promocionar.
“Es mucha responsabilidad”, agregó Sáenz. “Legalmente estás adoptando a las personas por dos años”.
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Salomón reportó desde Miami.