QUITO (AP) — Fernando Villavicencio fue una figura de primera línea pública en Ecuador mucho antes de hacerse político y de tomar la decisión de lanzarse a la presidencia que le costó la vida.
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Sus más de 200 publicaciones periodísticas y sus denuncias ante la justicia de casos de corrupción le granjearon durante años una reputación como investigador y como azote de las irregularidades en el manejo de recursos públicos, principalmente, en los dos gobiernos anteriores.
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Como candidato a presidente, abanderaba la lucha anticorrupción y llevaba un lema de campaña en el que defendía que eran tiempos de valientes. “A mi me han dicho que use el chaleco (antibalas), pero aquí estoy a camisa sudada”, pronunció en un acto de campaña, que quedó recogido en vídeo y que ha sido difundido masivamente tras su asesinato a tiros el miércoles por la tarde al salir de un mitin en Quito.
Sus inicios se remontan al sindicalismo en la empresa petrolera estatal, Petroecuador, pero adquirió notoriedad pública por sus enfrentamientos y acusaciones al expresidente Rafael Correa, con quien mantenía confrontación directa.
El expresidente ecuatoriano (2007-2017), que envió un mensaje de pésame a través de la red social X, antes llamada Twitter, también le dedicó descalificativos en el pasado como “pillovicencio”, en una suerte de juego de palabras con su nombre y una alusión a ladrón, o como “cobarde sinvergüenza”.
Villavicencio publicó junto con el periodista Christian Zurita una investigación periodística, conocida como Arroz Verde, sobre aportes irregulares que recibió la campaña del entonces partido de Correa, Alianza PAIS, que nutrió el caso por el que después fue condenado por cohecho el exmandatario —y una parte de su cúpula de gobierno— a ocho años de prisión y que le impide volver a Ecuador ante el riesgo de ser apresado.
De otra revelación periodista que se difundió con el nombre de INA Papers, salió un caso aún en proceso contra el expresidente Lenín Moreno, sucesor de Correa. Las siglas INA hacen alusión a letras que contenían los nombres de las hijas de Moreno —Irina, Cristina- Karina— y al nombre de una empresa offshore en la que, según apuntaba el reporte periodístico, se recibieron recursos públicos desviados.
Una de las banderas de campaña de Villavicencio, que había sido asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización en la última legislatura (2021), fue el ofrecimiento de “transformar este país para generar empleo, producción, seguridad y justicia”, para lo cual dijo que se “requiere someter a las mafias”. Esa frase la repitió horas antes de ser asesinado.
El día de su muerte denunció, aunque no ahondó en detalles, que había vínculos entre la clase política y el crimen organizado, un tema que ya había presentado en la Fiscalía meses atrás sobre los nexos entre el narco tráfico y candidatos a las elecciones municipales y provinciales del pasado mes de febrero.
Villavicencio recibió varias amenazas contra su vida, por lo que contaba con protección policial y privada. Durante una de sus últimas intervenciones aseguró que detrás de una de ellas estaban bandas locales del crimen organizado relacionadas al cártel mexicano de Sinaloa y aseguró que sus tentáculos llegaban a grupos políticos, una versión que no ha sido ratificada por la Policía.
“El principal problema es que Ecuador se ha convertido en un narcoestado” dijo en una entrevista con la cadena de televisión en español CNN. Según su propuesta presidencial, la lucha se instauraría desde su gobierno con una fuerza pública depurada que librará la batalla contra el crimen organizado, prometió, seguro de que alcanzaría el poder.
Villavicencio o don “Villa”, apelativo cariñoso que se le atribuyó entre sus seguidores en una especie de referencia a una figura de sheriff o jefe policial durante la campaña electoral, corría en cuarto lugar en las encuestas presidenciales que aún apuntaban un alto nivel de indecisión.
En su etapa de asambleísta, fue señalado como cercano al presidente Guillermo Lasso. Renunció a su plaza en el Legislativo para lanzarse como candidato presidencial en 2023, por el movimiento Construye, en binomio con la ambientalista Andrea González.
Villavicencio nació en una zona rural de la provincia del centro andino de Chimborazo. Estaba casado con Verónica Sarauz, con quien tuvo tres hijos. También tiene dos hijas de un compromiso anterior.
En la década de los 90, Villavicencio ya hizo sentir su voz denunciando presuntas irregularidades en la administración de la estatal petrolera Petroamazonas, filial de Petroecuador, y en la concesión de campos petroleros a empresas transnacionales. Formó parte del comité sindical y a su salida causó polémica en medio de denuncias, por beneficios que supuestamente recibió al ser parte de un criticado contrato colectivo que otorgaba condiciones favorables a los trabajadores petroleros, según denunciaron en la época las autoridades gubernamentales.
El manejo de la política petrolera y de los recursos públicos en ese sector fue siempre el principal foco de las investigaciones de Villavicencio que arrojaron luz sobre opacos acuerdos con los que el gobierno de Correa comprometió los futuros de crudo ecuatorianos a cambio de préstamos millonarios con bancos estatales en China. Por ese asunto, el expresidente fue llamado a declarar a la Fiscalía, pero el proceso judicial no avanzó.
Desde sus orígenes sindicales, el político se identificó con movimientos de izquierda como el del brazo político de los indígenas, Pachakutik, y se enfocó en las denuncias sobre actos de corrupción especialmente en los sectores estratégicos, sobre obra pública de infraestructura y del sector energético.
Entre 2013 y 2014, fue asesor del asambleísta de esa tienda política Cléver Jiménez y junto a él, enfrento uno de los episodios que calificó como los más duros de su vida.
Tras acusar al entonces presidente Correa de haber cometido un crimen de lesa humanidad, durante una revuelta policial en la que el exmandatario terminó retenido en un hospital de la Policía, éste contrademandó por injurias. Villavicencio fue sentenciado a 18 meses de prisión y el pago de 140.000 dólares.
Pero no cumplió la condena. Se fue al exilio en 2017 en Perú y después, se refugió junto a Jiménez y a su amigo cercano y también político, Carlos Figueroa, en la selva amazónica la comunidad indígena del pueblo Sarayacu los acogieron, donde llegaron a comer carne de cocodrilo y de mono para sobrevivir.
Salió de la clandestinidad al finalizar el gobierno de Correa y fue entonces cuando comenzó a sembrar el camino de su carrera política. Su asesinato deja la incertidumbre de hasta dónde habría podido llegar.
