CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las comunidades indígenas mayangnas del noreste de Nicaragua viven bajo la creciente presión de bandas de invasores de tierras que, según líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, están provocando “un genocidio” mediante ataques armados, secuestros, asesinatos y desplazamientos forzosos de poblaciones enteras.
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Un líder mayangna que pidió el anonimato dijo a The Associated Press que su pueblo sufre “una continua colonización”, debido a la creciente expansión agropecuaria sobre sus tierras por parte de grupos de agricultores mestizos que buscan extender sus cultivos, reproducir ganado y explotar los recursos madereros de la zona.
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Los mayangnas son, junto a los miskitos, una de las etnias que habitan la región del Caribe norte de Nicaragua. Viven principalmente en los bosques de la reserva de biosfera de Bosawas, conocida como “el pulmón verde” de Centroamérica debido a su vasta extensión y sus valiosos recursos naturales.
“Los colonos (invasores de tierras) vienen y se asientan a la fuerza en nuestros territorios, donde están nuestros medios de vida: caza, pesca y agricultura rotativa, es decir, para fines de subsistencia y no comerciales”, señaló el hombre, quien no quiso revelar su identidad por temor a represalias del gobierno de Daniel Ortega, al que acusó de “proteger” a los invasores de tierras.
Agregó que los “colonos” han protagonizado acciones armadas en el territorio mayangna Sauni As, entre las que recordó un ataque a la comunidad de Alal en 2020 y la destrucción de la aldea de Wilu en marzo pasado que dejó cinco muertos y más de 16 viviendas incendiadas. “Todo responde a una estrategia de despojo de nuestras tierras”, aseguró.
“Estas comunidades llevan casi 10 años sometidas a ataques sistemáticos de ´colonos´ armados”, declaró a AP la abogada María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi).
Según la organización no gubernamental Prilaka Foundation, 10 indígenas fueron asesinados entre enero y julio , nueve de los cuales eran guardabosques. Desde 2020 la cifra de víctimas registrada por Calpi sólo en el territorio mayangna Sauni As asciende a 27 sin incluir heridos, mutilados y mujeres agredidas sexualmente.
En otras zonas donde no han ocurrido quemas de viviendas ni asesinatos la violencia se expresa de otra forma. Cientos de indígenas huyen para salvar sus vidas. “Se van, son desplazados o se quedan con una pequeña porción de tierra sabiendo que también pueden perderlo todo un día”, dijo el líder mayangna.
Las invasiones de tierras indígenas comenzaron a hacerse frecuentes desde antes de 2015 y han sido denunciadas por organizaciones humanitarias internacionales. El gobierno de Ortega ha minimizado la situación y suele atribuir los asesinatos cometidos por los “colonos” a simples disputas internas entre poblaciones indígenas.
Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó medidas provisionales de protección a las comunidades mayangnas de Wilu y Musawas -esta última capital del territorio Sauni As- e instó al Estado de Nicaragua a garantizar la vida y seguridad de sus moradores.
El alto tribunal americano indicó que ha verificado un “recrudecimiento de la situación de riesgo” en la zona debido a la invasión de tierras por parte de “colonos”.
Destacó que la decisión en torno a Musawas y Wilu se tomó ante “el agravamiento de los hechos de violencia en el transcurso del año 2023”. El año pasado, en un paso previo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares en favor de ambas poblaciones que el Estado de Nicaragua no acató.
La CorteIDH instó al Estado de Nicaragua a adoptar “las medidas suficientes y necesarias para proteger la vida e integridad” de los habitantes de Musawas y Wilu así como de las poblaciones desplazadas por actos de violencia, asegurar “la protección de los enseres, propiedades y cosechas” abandonadas y tomar “medidas de seguridad para su retorno”.
El gobierno de Nicaragua no ha reaccionado a la resolución del alto tribunal americano, que ya en 2016 le había ordenado proteger a nueve comunidades miskitas debido a una situación similar.
La abogada Acosta sostuvo que la resolución del tribunal interamericano “ayuda a visibilizar una situación trágica, de despojo de territorios y de genocidio” en los territorios indígenas, históricamente marginados y olvidados por todos los gobiernos de Nicaragua.
Para ella, en sentido jurídico, la CorteIDH hace ahora responsable al Estado nicaragüense al “incumplir con su deber de proteger a estos pueblos”. Según líderes indígenas, la policía y el ejército no intervienen ante las constantes denuncias de ataques de los colonos.
