CARACAS (AP) — El fiscal general de Venezuela afirmó el jueves que no son activistas laborales ni luchadores sociales los seis hombres condenados esta semana a 16 años de prisión por un tribunal de Caracas por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
El fiscal Tarek William Saab rechazó las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que reprobaron las condenas y afirmaron que las sentencias son una amenaza para todos los trabajadores que protestan.
“Se ha difundido información falsa haciendo pasar a un grupo de conspiradores como supuestos sindicalistas que habrían sido procesados y condenados por defender los derechos de los trabajadores”, dijo Saab en un mensaje difundido por la televisión estatal.
El fiscal general resaltó que durante el proceso ninguno de los ahora sentenciados presentó algún documento que los acreditara como representantes de algún sindicato.
Numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron las sentencias, entre ellas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las más prestigiosas del país. Consideraron ”brutal” la condena de 16 años contra Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes.
Provea catalogó de arbitrarias las sentencias, argumentando que el proceso en su contra se basó en la presentación de “presuntas capturas de WhatsApp”.
Los activistas resaltaron que las detenciones se registraron en julio del año pasado después de que participaran en varias jornadas de protestas, encabezadas por maestros del sector público, en demanda de mejoras salariales y respeto a sus derechos laborales.
Saab indicó que los condenados “conspiraron contra la democracia venezolana” y formaban parte de una “organización subversiva” que planificó actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio del año 2022, donde estuvo presente el presidente Nicolás Maduro.
El fiscal general además comentó que este caso se abordó en una reunión en Caracas con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “cuyos funcionarios quedaron satisfechos con la información que se les brindó”.
En esa ocasión “verificaron que los condenados no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que eran juzgados por realizar actos conspirativos en contra del Estado”, agregó Saab, sin dar otros detalles.