WASHINGTON (AP) — Cuando el líder del Senado Mitch McConnell se levantó para anunciar su voto y absolver a Donald Trump en el juicio político sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el republicano aseguró a la población que el expresidente tendría su día en la corte.
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“No se ha librado de nada todavía, todavía”, prometió McConnell.
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“Tenemos un sistema de justicia penal en este país. Tenemos litigación civil. Y los expresidentes no son inmunes a rendir cuentas ante ninguno de ellos”.
Pero mientras Trump se preparaba para comparecer el jueves por cargos federales de que orquestó un esfuerzo sin precedentes de revocar la victoria electoral en 2020 del actual presidente, Joe Biden, el favorito de las primarias republicanas a la Casa Blanca no enfrenta esas advertencias sombrías ni recriminaciones de sus compañeros de partido.
Es un silencio atronador que llama la atención. Y mientras tanto, el expresidente abre una amplia ventaja sobre los demás aspirantes republicanos a la presidencia. Los que plantaban cara a Trump han desaparecido. En lugar de eso, el partido que lidera el magnate básicamente ha renunciado a criticar sus acciones, contrarrestar sus impulsos o poner límites a su creciente poder.
Los académicos expertos en autoritarismo advierten que es un ejemplo clásico de una democracia en deterioro.
“Volverá a hacerlo”, afirmaba un nuevo anuncio del Proyecto Responsabilidad Republicana, un grupo activista. “A menos que enfrente consecuencias”.
Al encausar a Trump, el Departamento de Justicia ofreció nuevos detalles sobre hasta qué punto el presidente derrotado recurrió a un elaborado plan para revocar la victoria de Biden, hasta culminar con la letal insurrección del 6 de enero en el Capitolio, un ataque interno sin igual en la historia de Estados Unidos.
La mayoría de los miembros del Congreso experimentaron en primera persona lo sucedido el 6 de enero. Algunos colocaron barricadas en las puertas de la cámara baja, otros huyeron a lugares seguros mientras miles de seguidores de Trump sitiaban el lugar.
El líder republicano Kevin McCarthy lo llamó entonces su “día más triste” en el Congreso, y dijo que Trump “tiene responsabilidad” por lo ocurrido.
Después de que se publicara el encausamiento de 45 páginas el martes por la noche, McCarthy, que ahora es presidente de la Cámara de Representantes, reaccionó de otra forma. Lo calificó como “el intento del Departamento de Justicia de distraer de las noticias y atacar al favorito por la candidatura republicana, el presidente Trump”.
El cambio entre los congresistas republicanos fue rápido para algunos, inequívoco para otros y ahora, que Trump intenta regresar a la Casa Blanca, prácticamente completo.
Los republicanos que una vez desafiaron a Trump, como la exrepresentante Liz Cheney, han sido expulsados del cargo por los votantes o se han visto obligados a retirarse de forma anticipada. Los que permanecen, como el senador Mitt Romney, son acosados y criticados a menudo por Trump en declaraciones públicas humillantes.
Quedan pocos de los 10 representantes republicanos que votaron a favor del juicio político a Trump por la insurrección en el Capitolio, así como del puñado de senadores que votaron a favor de condenarle.
En lugar de eso, los congresistas republicanos se centran en investigar a Biden y su hijo, Hunter, por las finanzas de la familia. También en quitar recursos al Departamento de Justicia y revisar el relato de lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en un intento de limpiar el historial de Trump.
Una importante aliada de Trump, la representante Marjorie Taylor Greene, que también es cercana a McCarthy, dijo que trabajaría para retirar los fondos a la oficina del investigador especial Jack Smith durante las negociaciones presupuestarias de otoño. También quiere organizar un juicio político al fiscal general, Merrick Garland.
Los republicanos describen los cargos contra Trump como una “instrumentalización” del gobierno federal contra el líder de su partido, una extensión de la pesquisa del Departamento de Justicia sobre la elecciones de 2016 y el primer juicio político a Trump por sus presiones a Ucrania para que encontrara información dañina sobre Biden, más que como el resultado de un año de investigación del departamento sobre el papel del presidente en la insurrección del 6 de enero.
Greene dijo que no se quedaría al margen mientras el gobierno “persigue políticamente” a Trump.
McCarthy estudia un juicio político a Biden, mientras los republicanos trabajan para contraprogramar los crecientes problemas legales de Trump con la incipiente pesquisa de la cámara sobre las finanzas de la familia Biden. Algunos republicanos están revisando lo ocurrido el 6 de enero y sugieren que los implicados eran meros “turistas”.
Cinco personas murieron en el ataque 6 del enero y sus consecuencias, incluida la seguidora de Trump Ashli Babbitt, que murió baleada por la policía cuando intentaba entrar en una sala junto a la Cámara de Representantes. Más de 1.000 personas han sido procesadas por el Departamento de Justicia. Algunos de ellos enfrentan sentencias graves, como miembros de grupos extremistas condenados por sedición.
En su documento, la fiscalía mostró cómo los esfuerzos de Trump comenzaron las semanas tras las elecciones de 2020. Según los fiscales, reclutó funcionarios de siete estados donde había perdido para que enviaran certificados electorales falsos al Congreso donde pusiera que en realidad había ganado en sus estados.
Trump convocó a miles de partidarios a Washington el 6 de enero con la certeza de que estarían “enojados”, según el documento legal. Su intento de frustrar la victoria de Biden continuó incluso en las horas posteriores a que sus seguidores asaltaran el Capitolio.
El investigador especial Smith escribió que Trump “atacó una función fundamental del gobierno federal de los Estados Unidos: el proceso nacional de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales”.
Se trata de una pieza “fundacional del proceso democrático de Estados Unidos, y hasta 2021 había operado de forma pacífica y ordenada durante más de 130 años”.
Es la tercera causa abierta contra el expresidente, todas históricas porque ningún otro mandatario de Estados Unidos ha enfrentado cargos penales. Trump fue acusado antes por Smith de acaparar documentos clasificados y negarse a devolverlos. Y enfrenta cargos en Nueva York por pagos que hizo durante la campaña de 2016 para silenciar a una actriz porno.
En un mitin el fin de semana pasado, Trump alegó que estaba ejerciendo su derecho a la libre expresión cuando cuestionó los resultados electorales de 2020, un argumento que repiten los congresistas republicanos cuando denuncian que se les está silenciando y censurando.
En el documento para procesarle, la acusación señala que Trump tenía derecho a impugnar los resultados. Pero afirma que Trump repitió sus afirmaciones sabiendo que eran falsas para darles legitimidad, “crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira y erosionar la confianza del público en la gestión de las elecciones”.
En su momento, McConnell mostró una opinión similar.
“El asunto no son sólo las palabras desmedidas del presidente el 6 de enero”, dijo McConnell antes de la votación en el Senado que absolvió a Trump del cargo de insurrección en el juicio político.
“Fue todo el ambiente manufacturado de catástrofe inminente, los mitos -mitos- cada vez más locos sobre una gran victoria electoral opuesta que de algún modo se estaba robando en un golpe secreto”.
“El líder del mundo libre”, dijo McConnell, “no puede pasar semanas tronando que fuerzas oscuras están robando nuestro país y después fingir sorpresa cuando la gente le cree y hace cosas imprudentes”.
Esta semana, McConnell guardó silencio.
