CARACAS (AP) — Seis sindicalistas venezolanos detenidos a mediados del año pasado fueron condenados el martes a 16 años de prisión por un tribunal de Caracas por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, denunciaron varias organizaciones de derechos humanos que rechazaron las condenas. Afirmaron que las sentencias son una amenaza para todos los trabajadores que protestan.
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“Rechazamos la brutal condena de 16 años” contra los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes, dijo en un comunicado el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
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Los activistas resaltaron que las detenciones se registraron después de que participaran en varias jornadas de protestas, encabezadas por maestros del sector público, en demanda de mejoras salariales y respeto a sus derechos laborales.
Provea catalogó de arbitrarias las sentencias, citando que el proceso en su contra se basó en la presentación de “presuntas capturas de WhatsApp”.
“El único testigo de la denuncia nunca se presentó” en más de un año que se prolongó el proceso judicial, añadió el escrito. Esos “luchadores sociales se mantenían en las calles con la exigencia de salarios dignos”, recalca el comunicado, y para pedir respeto a sus derechos laborales. Denunciaron haber recibido pagos incompletos de beneficios tales como el bono vacacional.
La Oficina Nacional de Presupuesto tomó en el año pasado como referencia para el pago de beneficios el salario del 2021, argumentando que para ese entonces no se habían firmado nuevas convenciones laborales con los maestros, entre otros trabajadores del sector público. Eso provocó el malestar de esos trabajadores dado el bajo monto de referencia.
Consideraron que se trataba de un irrespeto a sus derechos y reivindicaciones que se hiciera un pago fraccionado de los beneficios laborales sin tomar en cuenta un reciente aumento salarial.
El salario mensual —que obtiene la mayoría de los trabajadores públicos— es el más bajo de la región, unos 50 dólares como promedio desde marzo del 2022. En el 2021, empero, el salario promedio era equivalente a 1,52 dólares al mes. Esa medida dejó en el olvido el cálculo de cualquier pago de un beneficio laboral en función del último sueldo devengado.
El gobierno venezolano posteriormente anunció en agosto pasado su decisión de dejar de lado el polémico instructivo de la Oficina de Presupuesto luego de la de protestas.
La ONG Acceso a la Justicia, en su cuenta en la red social X, antes llamada Twitter, indicó que los condenados son “luchadores sociales” y que esta condena es una muestra del “recrudecimiento de la persecución política en Venezuela”.
Funcionarios del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Caracas, con competencia para conocer delitos asociados al terrorismo, no estuvieron disponibles de inmediato para un comentario.
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, un docente y artista plástico miembro de la Federación Venezolana de Maestros, declaró —en un vídeo difundido en la cuenta del partido de izquierda Bandera Roja, crítico del gobierno del presidente Nicolás Maduro— que los trabajadores sentenciados “han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida”.
