WASHINGTON (AP) — Decenas de legisladores demócratas pidieron al gobierno el martes que ponga fin las entrevistas expeditivas de solicitantes de asilo apresados por la Patrulla Fronteriza, que consideran una “práctica apresurada” que los priva de acceso a la asesoría legal.
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Cuando el gobierno del presidente Joe Biden se aprestaba a iniciar las entrevistas expeditivas en los lugares de detención de la Patrulla Fronteriza en abril, las autoridades prometieron que los solicitantes tendrían acceso a la asesoría, una diferencia crucial con la presidencia de Donald Trump. Hasta el momento, esa promesa no se ha cumplido.
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Abogados activistas calculan que un centenar de migrantes tuvieron representación formal en los primeros tres meses de aplicación de la norma, informó The Associated Press el mes pasado, y algunos cientos más han recibido asesoría informal mediante llamadas telefónicas antes de las entrevistas expeditivas. Esto es apenas una pequeña fracción de los miles de entrevistas desde principios de abril, aunque las autoridades no han revelado un recuento preciso.
La carta a los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, firmada por 13 senadores y 53 miembros de la cámara baja, dice que realizar las entrevistas sobre “temor creíble” apenas 24 horas después de arribar al lugar de detención, era “esencialmente problemática”, sobre todo sin acceso a la asesoría.
“Dar a la gente una resolución justa —lo que incluye tiempo suficiente para obtener pruebas, preparar argumentos y trabajar con un abogado— es crucial, en particular para gente que huye de amenazas a su vida o torturas”, dice la carta.
Entre los firmantes se encuentran el presidente de la Subcomisión Judicial del Senado para la Inmigración, Alex Padilla; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menendez, y la presidenta del Bloque Hispano del Congreso, Nanette Barragán.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
El gobierno incrementó las entrevistas expeditivas al poner fin a las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia, la llamada autorización Título 42, e impuso nuevas normas que dificultan la solicitud de asilo para personas que no la han presentado fuera de Estados Unidos o pedido protección en los países que atraviesan antes de llegar a la frontera.
La proporción de personas que aprobaron las entrevistas de asilo cayó al 60% en la primera quincena de julio, cuando se incrementó el proceso expeditivo, comparado con el 77% en la segunda quincena de marzo, cuando comenzó.
Defensores de los inmigrantes han criticado al gobierno porque dicen que las nuevas normas desconocen las obligaciones de dar asilo bajo el derecho estadounidense e internacional. Por su parte, los que respaldan las restricciones critican a las autoridades por su exceso de generosidad a través del sistema de turnos online, que admite hasta 1.450 personas por día y permiso humanitario para hasta 30.000 personas por mes que arriban desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
