BUENOS AIRES (AP) — Comunidades aborígenes del norte de Argentina se manifestaban el martes en Buenos Aires en reclamo de sus tierras, sus recursos naturales y en contra del gobierno de la provincia de Jujuy, al que acusan de vulnerar sus derechos y perseguir a sus representantes.
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El Tercer Malón de la Paz, que reúne a un centenar de comunidades originarias, inició su caminata una semana atrás en Jujuy, en la frontera con Bolivia, y cubrió más de 1.800 kilómetros a pie y en autobuses hasta llegar a la capital argentina el Día de la Pachamama en homenaje a la “madre tierra”. La marcha reedita la que en 1946 llevaron a cabo pueblos originarios reivindicando sus territorios ancestrales.
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Los manifestantes exigen que el Congreso nacional apruebe la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para definir el territorio de las comunidades aborígenes en las tierras que tradicionalmente ocuparon y que consideran la base de su subsistencia material y espiritual.
La marcha en defensa de “la tierra, el agua y la vida” se produce a su vez en medio de un clima político agitado en Jujuy a partir de la reforma constitucional promovida por el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente por la mayor fuerza opositora para las elecciones de octubre, en las que el peronismo gobernante se juega el poder.
Haciendo sonar bombos y en medio de cánticos, los manifestantes circulaban por las calles gritando “Morales sos un ladrón, te robaste la constitución”.
Mientras se producía la marcha en su contra, Morales se declaró “militante del federalismo y un hombre del Norte Grande. Conozco sus problemas y sé solucionarlos, ya lo hice en Jujuy", publicó en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.
Los participantes de la protesta reclaman que el Congreso tome las medidas pertinentes para intervenir esa provincia con el argumento de que sus autoridades persiguen a quienes cuestionan la reforma de la carta magna provincial aprobada en junio que desató una prolongada ola de protestas de grupos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales e indígenas.
La modificación de la constitución -que entre otras cosas penaliza las protestas que incluyan bloqueos de carreteras- contó con el apoyo de gran parte de las fuerzas políticas, incluido el peronismo jujeño.
El día de su promulgación manifestantes incendiaron dependencias oficiales. Organizaciones de derechos humanos denunciaron luego que los participantes de las protestas fueron reprimidos de forma desmedida por las fuerzas policiales y decenas de ellos detenidos arbitrariamente.
Morales responsabilizó de la “extrema violencia" en Jujuy al presidente Alberto Fernández y a las organizaciones sociales que responden a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Los críticos de la nueva constitución jujeña cuestionan que criminaliza el derecho a la protesta al prohibir los cortes de calles y rutas y no da suficiente espacio a la opinión de los pueblos originarios sobre el uso de las tierras que habitan y que son ricas en litio y otros minerales.
Días atrás, más de 60 comunidades indígenas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y otras organizaciones pidieron a la Corte Suprema de Justicia de Jujuy que declare inconstitucional a la nueva carta magna.
