BOGOTÁ (AP) — La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas registró que los confinamientos y desplazamientos de población en Colombia derivados del conflicto armado bajaron en el primer semestre de este año con respecto a 2022.
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La instancia de la ONU elaboró un informe que recoge que las víctimas de desplazamiento masivo de su lugar de residencia de enero a junio suman 26.500 personas, lo que supone una reducción del 37% frente al mismo periodo de 2022. Y que los afectados por confinamiento, son 26.936 víctimas, un 28% menos.
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Los casos de confinamiento se refieren a la población con restricciones a la movilidad y al acceso a atención humanitaria, derechos, bienes y servicios básicos. Esos dos fenómenos constituyen una violación de los derechos humanos y, según las autoridades, están provocados en la mayoría de los casos por enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales.
De hecho, el estudio de Naciones Unidas elaborado el 21 de julio reconoce que “este año, la principal causa de los desplazamientos masivos son los enfrentamientos entre GANE (Grupos Armados No Estatales) que, a nivel nacional, han incrementado en un 11%”.
Se dan por la lucha por el control del territorio y otras “acciones de violencia” como incursiones armadas, retenes ilegales, secuestros e instalación de minas antipersonal.
Las autoridades colombianas han reportado choques y acciones violentas entre grupos como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en diferentes partes del territorio, en un contexto en que el gobierno de Gustavo Petro lleva adelante mesas de diálogo para consensuar la paz en territorio colombiano.
Pese a la reducción de casos, la entidad de Naciones Unidas apunta a que se trata de un subregistro que “podría relacionarse con el temor de la población a denunciar por represalias" de los grupos armados o con “las limitaciones de presencia institucional en los territorios que afrontan las dinámicas de violencia”, entre otras razones.
En el caso del confinamiento, también por los altos costos de transporte para ir denunciar a las cabeceras municipales y a la “intensificación del control social” que ejercen los grupos armados contra las comunidades.
En junio, la Defensoría del Pueblo concretó que 70 de 89 confinamientos de la población civil en el país en lo que va de año se concentran en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. Otros departamentos afectados son Valle del Cauca, Nariño y Cauca, también en el Pacífico, y Arauca, en el oriente del país, en la frontera con Venezuela.
El aumento de la violencia se presentó en los departamentos de Bolívar, Caquetá, Guaviare y Huila, ubicados en distintas zonas del país.
Según varios expertos en el conflicto armado, los enfrentamientos entre grupos armados se presentan, especialmente, por el control de negocios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
En el caso del ELN, está previsto que el cese del fuego temporal acordado con el gobierno colombiano entre plenamente en vigencia el jueves de la próxima semana, el 3 de agosto. Según las autoridades, esta organización insurgente, tiene un estimado de 5.000 integrantes que operan, especialmente, en el Pacífico colombiano y en la frontera con Venezuela.
