MADRID/BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)
Bruselas inició el pasado abril una investigación en profundidad para determinar si la operación, que creará un nuevo líder por clientes en España, podría poner en riesgo la competencia en la oferta de paquetes de servicios múltiples y en el servicio minorista de banda ancha móvil y fija.
En ese sentido, a finales del pasado junio Bruselas retiró sus consideraciones sobre el impacto que esta operación podría tener en el mercado mayorista, es decir, en lo referente a que un operador ofrezca sus redes a otros.
Sin embargo, señaló que teme que esta operación reduzca el número de operadores de redes en los mercados minoristas españoles de servicios de telecomunicaciones móviles e internet y ello redunde en "grandes subidas de precios" para los clientes finales.
La operación fue notificada al Ejecutivo comunitario el pasado 13 de febrero y, tras la investigación abierta en abril y el pliego de cargos notificado a finales de junio el plazo final para tomar una decisión estaba fijado, en principio, para el 4 de septiembre.
Sin embargo, tras la decisión de Bruselas de "parar el reloj" ese plazo se ha ampliado, si bien no se ha fijado una nueva fecha para tomar la decisión definitiva sobre esta operación, valorada en unos 18.600 millones de euros.
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