MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
La Fiscalía de Perú ha anunciado este martes que ha presentado una petición para obtener información clasificada por las muertes que se registraron en las protestas contra la presidenta del país, Dina Boluarte.
PUBLICIDAD
El Ministerio Público ha indicado en un comunicado que ha presentado "un requerimiento de revelación de información en la investigación contra Dina Boluarte y otros, por el caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023".
"Con esta figura se podrá obtener información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, considerada como 'clasificada'. De estimarse este pedido, el juez de la causa ordenaría a dichas instituciones castrenses la entrega de la información requerida", ha indicado.
Por otro lado, el equipo legal de Boluarte ha manifestado que solicitará retirar a la mandataria de la investigación abierta por genocidio, porque tal pesquisa "genera un discurso" que se usa políticamente.
"Vamos a estar evaluando concretamente pedir ahora o prontamente la exclusión de esta investigación a la presidenta de la República porque no corresponde. Esto genera un discurso perverso que es usado políticamente", ha declarado el abogado, Joseph Campos.
El abogado ha considerado que "esta denuncia es irresponsable políticamente", ya que la mandataria "dio instrucciones precisas donde se ha establecido que se utilice correctamente la ley y que las acciones se desarrollen en el marco del respeto de los Derechos Humanos", recoge la emisora Exitosa Noticias.
"El Ministerio Público que sabe que esta imputación de genocidio, de homicidio calificado no tiene ningún tipo de sentido. Pero sirve para que la mayoría de personas crean que hay una imputación o hacia afuera sale la idea de que hay una presidenta acusada de genocidio", ha agregado.
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas como consecuencia de la represión de unas protestas que surgieron tras la detención y cese del expresidente Pedro Castillo. Varias organizaciones de Derechos Humanos internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerzas del Ejército y la Policía.
