QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador recurrió de nuevo a la declaratoria de estado de excepción para enfrentar una serie de hechos violentos que inició el fin de semana con el asesinato del alcalde de la tercera mayor ciudad del país, siguió con una masacre carcelaria y continuó el martes con varios ataques en el norte de la nación andina.
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El país sudamericano, que lleva inmerso más de dos años en un repunte aún irrefrenable de la violencia y de los crímenes, volvió a sufrir desde el fin de semana una cadena de ataques que acrecientan la principal preocupación de los ecuatorianos: la inseguridad.
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El martes, el gobierno ecuatoriano emitió un segundo estado de excepción por dos meses en un intento de recuperar el control sobre el sistema carcelario que se declaró en huelga el lunes con la retención de casi un centenar de guardias penitenciarios -ya fueron liberados, según se informó el martes por la tarde- y que en los últimos días ha registrado violentos nuevos enfrentamientos entre presos.
Paralelamente, en la ciudad de Esmeraldas, a 182 kilómetros al noroeste de la capital, se registró una ola de violencia que incluyó también un enfrentamiento entre internos de la cárcel estatal que hay en esa provincia costera, una explosión de una bomba incendiaria ante el edificio regional de la Fiscalía, que dejó un herido, un incendio de un autobús y de tres vehículos particulares por parte de desconocidos. Las actividades escolares fueron suspendidas por las autoridades.
Adicional, unidades militares desactivaron explosivos dejados en diversas gasolineras de Esmeraldas, una de las más violentas del país, y donde en abril un grupo armado de desconocidos acribilló a pescadores y compradores de un puerto artesanal, dejando un saldo de nueve muertos y varios heridos.
En la ciudad portuaria de Guayaquil, a 270 kilómetros al suroeste, desconocidos incendiaron un autobús y protagonizaron saqueos en establecimientos comerciales de la populosa barriada de la Trinitaria, al sur de la ciudad.
Para hacer frente este repunte de la violencia, el gobierno declaró el el lunes un primer estado de excepción por 60 días en las provincias de Los Ríos y Manabí. En esta última fue asesinado a balazos Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta, la tercera más grande del país. Con la excepción, se reduce el derecho a la reunión, información y otras libertades.
En un segundo estado de excepción, decretado por el presidente el martes, con enfoque especial para el sistema penitenciario, se incluyen datos de un informe policial que achaca la situación de violencia a la ruptura de una alianza entre grupos criminales.
Ya en la noche, un vídeo que se difundió en redes sociales mostraba a seis hombres, uno de ellos con un arma de grueso calibre y otro sentado ante una mesa que se identificó como Adolfo Macías -nombre que corresponde a Alias Fito, uno de los líderes de las bandas que operan en Ecuador- quien aseguró que han llegado a un acuerdo de paz con las demás organizaciones criminales para “una mejor convivencia en seguridad en el territorio ecuatoriano”, con alusión a que se hizo “conjuntamente con la Policía Nacional”.
Ninguna autoridad se pronunció sobre la difusión del vídeo, presuntamente difundido desde la cárcel donde se encuentra el líder de la banda y en el que mostraron cómo entregaban tres pistolas y una ametralladora como gesto de compromiso, dejándolas encima de la mesa. “Nos hemos visto en la obligación moral de ser responsables con nuestros conciudadanos ecuatorianos y llegar a un acuerdo de paz” para que “que se termine la vacuna, secuestro, extorsión y muertes violentas”, pronunció.
A sus espaldas, uno de los hombres llevaba una chaqueta del uniforme policial. Un funcionario policial que habló con la AP bajo condición de anonimato como requisito para hablar del tema desmintió que el presunto agente que aparece en el vídeo sea real y matizó que Alias Fito es el líder de una de las 25 organizaciones delictivas en el país y que, además, está perdiendo peso en la lucha de poder entre ellas.
Sin desmentir ni confirmar la veracidad del vídeo, el funcionario policial recordó que ya ha habido ofrecimientos como ése que se han anunciado varias veces sin que los niveles de violencia se hayan detenido. En 2021, en la Penitenciaría del Litoral se anunció un acuerdo de paz entre las bandas criminales y un año después, en la cárcel de Cuenca, firmaron un documento ante el director del sistema penitenciario (SNAI), pero quedó en nada.
En el decreto presidencial que daba cuenta de la radiografía de violencia como argumentos para ordenar el estado de excepción, se indicaba que “se registró la ruptura de la alianza delictiva que mantenían los grupos de delincuencia organizada Lobos y Tiguerones, lo que llevó a que estos grupos se mantienen en una actitud hostil desencadenando enfrentamientos”. Además se reconoce que “la falta de equipamiento y armamento (de la policía) y el poder de fuego de las personas privadas de libertad constituye una vulnerabilidad y un peligro para nuestros servidores”.
Dentro de la cárcel, los presos disponen de armas blancas, armas de fuego de corto y largo alcance, de artefactos explosivos e incluso granadas, según el reporte policial citado en el decreto. De ahí, que el gobierno ordenara el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para intentar recobrar el control interno.
Los Lobos, de acuerdo con informes policiales, operan en las provincias costeras y ciudades portuarias en estrecha relación con el grupo mexicano Jalisco Nueva Generación, al que también sirve la banda de los Tiguerones que controlan especialmente la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, donde operan junto a grupos de narcotraficantes de ese país.
El enfrentamiento armado desde el sábado entre presos en la Penitenciaría de Guayaquil, la más grande y peligrosa del país, rebasó el control de los guardias penitenciarios y llevó a las autoridades a movilizar al interior de las cárceles a unos 2.700 efectivos, entre policías y militares.
La Fiscalía actualizó la cifra de víctimas a 31 muertos y 14 heridos, mientras una fuerza combinada de militares y policías progresivamente tomaban el control de esa cárcel.
En horas de la tarde, durante la intervención militar en uno de los pabellones donde se encuentran los reclusos de las bandas organizadas, se decomisaron nueve fusiles, un lanzagranadas, cuatro pistolas, dos revólver y 1.000 municiones para fusil calibre 5.56 mm.
El ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, informó de la intervención con grupos tácticos y aseguró que han logrado tomar el control de tres pabellones de la Penitenciaría donde no ha habido resistencia de los presos “por la forma en que se ingresó, con detonaciones controladas”.
Señaló que una vez que estén sometidos todos los pabellones, ingresarán las unidades de criminalística para verificar “efectivamente cuántos fallecidos tenemos... De los reportes y lo que se puede apreciar, existe mal olor” de presuntas nuevas víctimas especialmente en el pabellón 8. “No vamos a salir hasta que se complete todo el trabajo”, agregó.
La Penitenciaría del Litoral, está ubicada en el interior de un complejo de prisiones en Guayaquil, la ciudad que registra los mayores índices de violencia y asesinatos en el país, según las autoridades. El centro de reclusión tiene capacidad para unos 9.500 reclusos, aunque se registra una sobrepoblación de unos 3.000 presos.
En un intento por reducir la violencia, las autoridades distribuyeron a los presos en los pabellones de acuerdo con su pertenencia a las bandas criminales, pero ello ha sido insuficiente para disminuir el nivel de confrontación.
Las 53 cárceles que tiene Ecuador cuentan con capacidad para albergar a 27.775 presos en total. No obstante, hay una sobrepoblación carcelaria de 3.604 reclusos, según el último censo.
