EAGLE PASS, Texas, EE.UU. (AP) — Una fila de enormes boyas sobre el río Bravo. Alambre de púas que atraviesa propiedad privada sin el permiso de los dueños. Bulldozers que alteran constantemente el paisaje en la frontera sur de Estados Unidos.
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Durante más de dos años, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha intensificado las medidas para impedirles a los migrantes ingresar a Estados Unidos, poniendo a prueba los límites jurídicos con una actitud desafiante e individualista a lo largo de los 1.930 kilómetros (1.200 millas) de frontera que el estado comparte con México. Ahora el rechazo a sus tácticas va en aumento, incluso dentro de Texas.
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El hecho de que un agente policial estatal haya narrado cómo agentes les negaban agua a los migrantes bajo temperaturas superiores a los 37,7 grados Celsius (100 Fahrenheit), y el que solicitantes de asilo se hayan lastimado al intentar superar una cerca de alambre de púas ha desatado renovadas críticas. El gobierno de México, algunos residentes de Texas a lo largo de la frontera y la presidencia de Joe Biden están contraatacando. El Departamento de Justicia interpuso el lunes una demanda contra Abbott con respecto a la barrera de boyas, de la que dice genera preocupaciones ambientales y humanitarias, solicitándole a una corte federal que obligue al estado a desmantelarla.
Abbott, que ganó por amplio margen un tercer mandato durante las elecciones de noviembre con la promesa de implementar medidas fronterizas más estrictas, ha utilizado declaratorias de emergencia para sustentar jurídicamente algunas de sus acciones.
Los críticos dicen que es una visión distorsionada.
“De muchas maneras, lo que está haciendo Texas ahora es flagrantemente ilegal”, dijo David Donatti, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Texas.
Abbott no respondió a solicitudes de comentarios. En repetidas ocasiones ha atacado las políticas migratorias de Biden, y el viernes tuiteó que “alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas para cruzar ilegalmente el río Grande (nombre en inglés del río), en lugar de hacerlo de forma segura y legal por un puente”.
El gobierno federal ha dicho que el número de cruces fronterizos ilegales ha caído significativamente desde mayo, cuando se implementaron nuevas medidas migratorias.
FRONTERA ALTERADA
Manifestantes se reunieron este mes en Shelby Park, bajo el puente internacional que une a Eagle Pass, Texas, con Piedras Negras, México, coreando “salven al río” y realizando una ceremonia en la que usaron una concha marina para generar sonido. A pocos metros de distancia, personal descargaba las brillantes boyas anaranjadas de tractocamiones estacionados junto a una rampa para botes sobre el río Bravo.
Jessie Fuentes permanecía de pie con los activistas ambientales, observando mientras agentes estatales restringían el acceso al agua en donde cada año él lleva a cabo una competencia de kayak. Contenedores marítimos y alambre de púas se extendían a lo largo de la orilla del río.
El experimentado piragüista solía llevar a menudo a sus clientes y competidores de carreras hacia el agua a través de un canal poco profundo que forma una isla fronteriza cubierta de maleza. Ahora, en ese lugar hay una zanja artificial de tierra yerma creada por bulldozers que se conecta con el territorio continental y se encuentra protegida por alambre de púas.
“El río es un río con protecciones federales de tantas agencias federales, y simplemente no sé cómo ocurrió”, le dijo Fuentes al ayuntamiento de Eagle Pass una noche antes.
El ayuntamiento tampoco sabía.
“Siento que el gobierno estatal ha pasado por alto al gobierno local de muchas formas. Y por lo mismo a veces me siento impotente”, dijo Elias Diaz, miembro del ayuntamiento, en declaraciones a The Associated Press.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas asegura que Texas no le notificó sobre la modificación de varias islas ni del despliegue de las enormes boyas para crear una barrera de 305 metros (1.000 pies) en medio del río Bravo, la cual se encuentra anclada al lecho del río.
Abbott le envió el lunes una carta a Biden en la que defiende el derecho de Texas a instalar la barrera. Acusó al mandatario de poner en riesgo la vida de los migrantes al no hacer más para disuadirlos de realizar el viaje hacia Estados Unidos.
La barrera flotante también ha provocado tensiones con México, que asegura que viola tratados internacionales. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México envió una carta en junio en la que pidió al gobierno federal que retire las boyas y el alambre de púas.
Fuentes interpuso una demanda con respecto a las boyas, argumentando que la Ley de Desastres de Texas no abarca los cruces fronterizos.
En cuanto a las islas del río, la Oficina General de Tierras de Texas le otorgó acceso al Departamento de Seguridad Pública del estado desde abril “para frenar la crisis fronteriza actual”.
“Además, la Oficina General de Tierras también permitirá el manejo de vegetación, siempre y cuando se actúe con apego a todas las regulaciones estatales y federales aplicables”, indicó la titular de la agencia, Dawn Buckingham, en una carta.
El Departamento Militar de Texas retiró los carrizales, que la oficina de Buckingham calificó como una “planta invasiva” en su respuesta a las preguntas de la AP, y alteró el paisaje, afectando el flujo del río.
Los expertos ambientales están preocupados.
“Hasta donde yo sé, si el río se desborda, las inundaciones son mucho más severas en Piedras Negras que en Eagle Pass porque ésa es la parte más baja del río. Así que la próxima vez que el río crezca significativamente, me parece que va a llevar demasiada agua hacia el lado mexicano", comentó Tom Vaughan, un profesor jubilado y cofundador del Rio Grande International Study Center, un organismo enfocado en la preservación del río.
Fuentes solicitó recientemente un permiso de la ciudad y del Departamento de Seguridad Pública para navegar en kayak por su ruta acostumbrada.
“Como cambiaron la trayectoria del agua en la isla, el agua ahora fluye de forma distinta”, dijo Fuentes. "Puedo percibirlo".
El estado se negó a difundir cualquier registro que pudiera detallar el impacto ambiental de las boyas o de las alteraciones en el paisaje.
Victor Escalon, un director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus iniciales en inglés) que está encargado de supervisar desde la región de Del Rio hasta Brownsville, se refirió a la declaratoria de emergencia del gobernador.
“Hacemos todo lo posible por evitar el crimen, punto. Y ese es el trabajo”, añadió.
INVADIR PARA DETENER A LOS INVASORES
La misión del DPS efectúa acciones en un terreno en contra de los deseos de su propietario.
En 2021, a medida que Eagle Pass se convertía en la ruta predilecta de los migrantes para ingresar a Estados Unidos, Magali y Hugo Urbina compraron un huerto de nogales junto al río, el cual bautizaron con el nombre de Heavenly Farms.
Hugo Urbina colaboró con el DPS cuando la agencia erigió una cerca en su propiedad y detuvo a migrantes por invasión de propiedad privada. Pero la relación se volvió conflictiva un año después, luego de que la agencia pidió que se instalara alambre de púas en la propiedad que los Urbina arrendaban a la Patrulla Fronteriza para procesar a los migrantes.
Hugo Urbina quería que el DPS firmara un contrato que lo exentara de responsabilidades en caso de que alguien se lesionara con el alambre de púas. La agencia se negó, pero de todas formas instaló el alambre, metió vehículos a la propiedad y cerró las puertas de los Urbina. Eso dejó a la Patrulla Fronteriza sin acceso al río, aunque aún le alquila terreno a Urbina.
“Hacen lo que quieren”, declaró Urbina hace unas semanas.
El granjero, partidario de los republicanos, la llama una “política envenenada”. Otros simplemente dicen que es algo que ya han visto antes.
“Realmente veo también una correlación muy fuerte con la era (del presidente Donald) Trump y la era posterior a Trump, en la que la mayoría de las políticas migratorias del gobierno de Trump fueron agresivas y extremas e infringían mucho los derechos de la población, y (estaban) muy enfocadas en establecer su postura política”, dijo Aron Thorn, abogado del Proyecto por los Derechos Civiles de Texas, un organismo activista sin fines de lucro. “El diseño de esto se basa en la óptica, y es bastante extraordinaria la cantidad de cosas que sacrifican por mantener esa óptica”.
El DPS colabora con unos 300 propietarios de tierras, según Escalon. Dijo que es inusual que la agencia tome el control de una propiedad sin el consentimiento del dueño, pero el departamento también dice que la Ley de Desastres les otorga dichas facultades.
Urbina dijo estar a favor de las iniciativas del gobernador, “pero no de esta forma”.
“No vas por allí y empiezas a infringir las leyes y empiezas a hacer que tus ciudadanos se sientan como ciudadanos de segunda clase”, añadió.
