BILLINGS, Montana, EE.UU. (AP) — Una clínica de salud en un pueblo de Montana plagado de una contaminación mortal por asbesto deberá pagar al gobierno casi 6 millones de dólares en multas y daños después de presentar cientos de reclamaciones falsas por asbesto, dictaminó un juez.
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Las 337 reclamaciones falsas lograron que los pacientes fueran elegibles para Medicare y otras prestaciones que no deberían haber recibido. La clínica financiada con fondos federales ha estado al frente de la respuesta médica a la contaminación mortal relacionada con la mina W.R. Grace Co., ubicada cerca de Libby, Montana.
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El fallo contra la clínica del Centro de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto surge en un caso federal presentado por BNSF Railway en 2019 en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas, que permite a particulares presentar demandas en nombre del gobierno.
BNSF, que por su parte enfrenta cientos de demandas relacionadas con el asbesto, alegó que la clínica presentó reclamaciones a nombre de pacientes sin confirmación suficiente de que sufrían enfermedades relacionadas con el asbesto.
Luego que un jurado de siete personas coincidió el mes pasado, el juez federal de distrito Dana Christensen señaló en una orden del 18 de julio que estaba imponiendo una pena severa a fin de evitar futuras malas conductas.
Christensen dijo que le preocupaba en particular que el médico de alto perfil de la clínica, Brad Black, se hubiera diagnosticado a sí mismo una enfermedad relacionada con el asbesto y que una enfermera haya solicitado prestaciones para su propia madre.
El juez también citó evidencia en el juicio de altas tasas de recetas de opioides de parte de la clínica para personas que pueden no haber contado con un diagnóstico verdadero relacionado con el asbesto.
La clínica mostró “un desprecio imprudente por el procedimiento médico adecuado y los requisitos legales de los programas gubernamentales”, escribió el juez.
Como lo ordena la ley, el juez triplicó los 1,1 millones de dólares en daños determinados por el jurado, a casi 3,3 millones de dólares, e impuso multas adicionales que totalizan 2,6 millones de dólares.
El juez otorgó a BNSF el 25% de los ingresos, según lo permite la Ley de Reclamaciones Falsas. Los fiscales federales se negaron previamente a intervenir en el caso y no se han presentado cargos penales contra la clínica.
Los abogados de la clínica apelaron el veredicto del jurado ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito el jueves. La directora de la clínica, Tracy McNew, ha dicho que las instalaciones podrían verse obligadas a declararse en quiebra si se les obliga a pagar una multa multimillonaria.
