CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala pidió el viernes a la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo con el que busca protección para que las autoridades —incluidas fiscalía, policía, ejército, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de la Nación y Procurador de Derechos Humanos— no vulneren el proceso electoral y acreciente la inestabilidad en el país centroamericano a un mes de celebrarse la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente.
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La solicitud se da luego de un allanamiento la víspera en la sede del TSE efectuado por la fiscalía en una nueva medida destinada a cancelar la personería jurídica del partido de izquierda Movimiento Semilla que impulsa la candidatura de Bernardo Arévalo. En ese sentido, el TSE solicita la protección ante “la amenaza cierta, futura e inminente" de que se vulnere el Estado de derecho y la democracia en el país, al accionar judicialmente en contra de uno de los contendientes que van al balotaje, según indicó el órgano electoral.
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Arévalo disputará la presidencia con la derechista Sandra Torres el 20 de agosto en una segunda vuelta donde saldrá el reemplazo del presidente Alejandro Giammattei.
La petición a la CC se realiza, según el ente electoral, por el temor de “no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los órganos electorales temporales y de la ciudadanía en general para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de sus derechos constitucionales”, según indica la solicitud de amparo.
El TSE insta a la CC que ordené a las autoridades “abstenerse de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023". El referido acuerdo es un fallo de la CC que deja en suspenso la decisión del juez Fredy Orellana de suspender la personería jurídica de Semilla, a petición de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Los derechos que según el ente rector electoral están siendo vulnerados son la libertad, justicia, seguridad, certeza jurídica, paz, derecho de elegir y ser electo, principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, principio de legalidad y sujeción al imperio de la ley y de la función pública y al régimen político-electoral del Estado de Guatemala.
