LIMA (AP) — La presidenta peruana, Dina Boluarte, emitió el martes un pronunciamiento de rechazo como antesala a las protestas que exigirán su renuncia y la del Congreso el miércoles en una marcha convocada en la capital y en la que las previsiones apuntan a que haya una concurrencia masiva.
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Sin precisar sobre eventuales consecuencias, la mandataria declaró en un tono de advertencia que no serán permitidas manifestaciones violentas ya que suponen “una amenaza a la democracia”.
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Funcionarios de su gobierno ya habían instruido en días anteriores sobre el uso legítimo de la fuerza que hará la policía en caso de ser necesario y de la posible responsabilidad que achacarán a los organizadores de la protesta en caso de destrozos.
Boluarte, que llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución por el Congreso del entonces presidente Pedro Castillo, dijo el martes que a su gobierno “todavía” le "falta un largo trecho que transitar” como una forma de reafirmar su decisión de gobernar hasta 2026.
La maniobra de Castillo de intentar disolver el Congreso para evitar una votación en su contra derivó en un estallido de protestas que se extendió desde diciembre a febrero, principalmente en el sur pero también llegó a la capital peruana, y que dejó 67 muertos y 1.900 heridos. Castillo está en prisión provisional con cargos por presunta rebelión.
Al menos 30 de los 47 civiles que murieron directamente en choque con la policía durante las jornadas de movilizaciones de inicios de año fallecieron por impacto de bala, según las autopsias.
“No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima... queriendo tomar desde el centro todo el país”, dijo Boluarte en una conferencia de prensa rodeada de sus ministros. “Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar”, advirtió.
Aunque el gobierno envió propuestas para adelantar elecciones, atendiendo a la virulencia de las manifestaciones, todas las iniciativas -incluida la del oficialismo- fueron archivadas por el Legislativo.
La marcha del miércoles exige de nuevo la salida de los miembros del gobierno y de los legisladores. Diversos sindicatos, federaciones de estudiantes y organizaciones vecinales sobre todo del sur del país convocaron a la protesta en al menos dos decenas de ciudades, incluida Lima.
Boluarte comentó que las protestas de diciembre a febrero, a las que calificó de violentas, generaron caos con una “demanda política” que contenía cinco puntos y, entre ellos, estaban el cierre del congreso, el adelanto de las elecciones presidenciales, el llamado a una asamblea constituyente, la promulgación de una nueva constitución y la libertad de su encarcelado antecesor Pedro Castillo.
Aunque la presidenta no mencionó disposición alguna para las fueras del orden en caso de que haya incidentes durante la nueva convocatoria social, su primer ministro, Alberto Otárola, sí dijo el viernes que la policía hará uso legítimo de la fuerza para garantizar el orden público.
Además, el lunes el ministro del Interior, Vicente Romero, advirtió que los uniformados podrían usar sus armas de fuego en caso de que peligren sus vidas, que tienen identificados a los líderes de la protesta y que los responsabilizarán si “vuelven a incendiar la pradera, a quemar entidades públicas y privadas”. El martes el ministro añadió que no permitirán el ingreso de manifestantes a los aeropuertos.
La policía también intensificó la revisión de documentos de identidad de viajeros que llegan a Lima. El viernes más de mil agentes marcharon por las calles capitalinas junto a carros antimanifestaciones mientras eran observados por transeúntes. Las organizaciones internacionales de derechos humanos consideraron el martes a la acción policial como un efecto “intimidatorio en quienes pensaban participar en las protestas”.
Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) exigieron el martes de forma conjunta a Boluarte respetar el derecho a la protesta y le pidieron enviar un mensaje claro a las fuerzas de seguridad de que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de las cuerpos de seguridad entre diciembre y enero.
Boluarte es investigada por la Fiscalía por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en relación a las manifestaciones de inicio de año debido a los manifestantes muertos.
La presidenta pidió esta vez a los peruanos que “no se dejen sorprender y engañar porque los que tienen su agenda politica”. No aludió a nadie en concreto pero atribuyó que hay quien busca generar caos y vender “una imagen del país inapropiada para afuera”, así como "impedir que las inversiones vengan al país”.
Según el gobierno, las anteriores manifestaciones antigubernamentales generaron pérdidas por alrededor de 1.100 millones de dólares y fueron tres veces superiores a las pérdidas provocadas por el ciclón tropical Yaku que en marzo provocó intensas lluvias en la costa norte del Pacífico de Perú.
