QUITO (AP) — Los ocho candidatos a la presidencia de Ecuador que ya han iniciado su campaña electoral tienen promesas para acabar con la inseguridad, resolver el desempleo y reactivar una economía debilitada, lo que supone, a juicio de analistas, un abanico de propuestas difícil de cumplir dado que el nuevo gobierno de transición solo tendrá un mandato de un año y medio.
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Entre el pliego de ofertas electorales, los aspirantes han lanzado la creación de grupos policiales especializados anti extorsión, la repotenciación de mega cárceles, establecer la pena de muerte o condenas de 100 años, eliminar sueldos vitalicios para expresidentes de la República, una distribución masiva de tablets e internet para población estudiantil.
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El Consejo Nacional Electoral estableció un período de 36 días para que los ocho binomios presidenciales realicen una apresurada campaña para las elecciones anticipadas del 20 de agosto, de las que saldrá el sucesor del presidente Guillermo Lasso, un nuevo vicepresidente y 137 nuevos legisladores.
En caso de que ninguno obtenga una mayoría suficiente tras el voto de 13,45 millones de ecuatorianos, una eventual segunda vuelta electoral está prevista para el 15 de octubre. La posesión de las nuevas dignidades será el 30 de noviembre y deberán completar el mandato hasta el 25 de mayo de 2025, luego de que el actual presidente dictara muerte cruzada disolviendo a la Asamblea Nacional y acortando su propio período.
Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), el exvicepresidente Otto Sonnenholzner y el candidato indígena de izquierda Yaku Pérez sobresalen entre el pliego de los ocho presidenciables, de acuerdo con encuestas que aún contemplan altos niveles de indecisión.
En recorridos, caravanas, redes sociales, entrevistas y discursos, los aspirantes derrochan ofertas que, a decir del analista y catedrático de la Universidad de las Américas, Gabriel Hidalgo, “no tienen otra orientación que no sea conseguir votos, aplausos y atención”.
“Van a hacer muy poco y ellos lo saben”, afirmó el politólogo a The Associated Press, quien considera que la verdadera intención de los presidenciables es “permanecer en sus funciones” con miras a las elecciones de 2025 por lo que Ecuador no tendrá un gobierno de transición sino “un gobierno en campaña”.
Hidalgo cree que el plan de gobierno que los postulantes presentan ante el Consejo Nacional Electoral “es solamente una formalidad” que contiene pautas generales que en un año y medio no solucionarán los principales problemas seguridad, salud, inclusión económica, equidad y desarrollo.
Avizora según el experto “un año y medio de constante conflicto” entre el Ejecutivo y el Legislativo, dado que algunas de las propuestas requieren reformas legales o constitucionales.
En Ecuador, la aprobación de leyes si bien es una atribución de la Asamblea le concede al presidente de la República la capacidad de colegislar, a través de la posibilidad del veto a un proyecto de ley. En procesos ordinarios, el trámite de una ley podría tomar hasta un año, mientras en materia económica urgente puede ser aprobada, rechazada o modificada en un lapso de 30 días.
Frente al poco tiempo que tendrá para gobernar quien resulte electo en los comicios anticipados, el analista y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Simón Pachano, considera que lo mejor para el país será “poner en orden la economía” y enfrentar lo fundamental para la ciudadanía: la seguridad.
“No se trata de sacar a la policía, de si se le permite o no disparar, de si las Fuerzas Armadas van a apoyar”, se trata de una política integral que deberá enfrentarse desde el primer día y sentar las bases a mediano y largo plazo, dijo el docente a la AP.
Pachano coindice con Hidalgo en que los candidatos presidenciales están apostando a las elecciones de 2025. “Nadie va a jugarse por estar 18 meses en el gobierno y luego decir hasta luego; no existe el altruismo”. Las ofertas electorales son solo “para captar votos" pero que "difícilmente solucionen problemas estructurales de la nación”.
