El escándalo por el financiamiento de la multinacional brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales en Colombia de 2014 revivió en las últimas horas con la implicación de un excandidato del uribismo que presuntamente recibió 1.6 millones de dólares para su promoción electoral, a través de su publicista, y que no fueron oficialmente reportados a la autoridad electoral.
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Después de que días atrás se revelaran unos audios en los que se escucha a Óscar Iván Zuluaga hablar del pago millonario por parte de la constructora brasileña, el exministro y exaspirante presidencial ha mantenido silencio hasta ahora. A diferencia de 2017, cuando brotaron las investigaciones por la trama de Odebrecht en toda la región y negó haber recibido recurso alguno.
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Quien sí se pronunció el miércoles es Alexander Vega, actual titular del registro civil - Registraduría Nacional del Estado Civil-, quien desmentió las alusiones en su contra que se desprenden de las grabaciones.
Vega era en 2017 presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando Colombia investigaba los aportes irregulares de Odebrecht en política. Según se escucha decir a Zuluaga, el titular del ente rector electoral le habría dado un parte de tranquilidad sobre las indagaciones a las campañas presidenciales de 2014.
“Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior” del Consejo Electoral, afirmó Vega.
En los audios, Zuluaga cuenta que estuvo en el CNE por petición del entonces presidente: “¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’”.
Esto ha sido interpretado como que la intención de Vega era que los dos expedientes abiertos sobre Odebrecht y las campañas presidenciales -el de Santos y el de Zuluaga- serían archivados para evitar una “crisis institucional” en Colombia.
El hoy Registrador Nacional lo niega. Respondió al nuevo escándalo y aseguró que no tuvo en su despacho, cuando era presidente del CNE, ninguno de los procesos contra las campañas presidenciales de 2014 y que las decisiones sobre el archivo de los mismos las tomó la sala plena del CNE, es decir, nueve magistrados en total.
En lo que tiene que ver con las campañas presidenciales del 2014, el Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano investigó y archivó en 2017 el supuesto ingreso de dineros de la multinacional a las campañas del expresidente Juan Manuel Santos y del excandidato Zuluaga.
Tras la revelación de audios de la revista colombiana Semana de esta semana, la Fiscalía programó una audiencia de imputación de cargos para el próximo 10 de julio contra el excandidato Zuluaga por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.
La más reciente aparición política de Zuluaga fue en la campaña presidencial del año pasado, en la que fue candidato por el Partido Centro Democrático, del expresidente Uribe. Sin embargo, en medio de la campaña declinó su aspiración y, hasta el momento, se había dedicado a opinar sobre diferentes temas del país.
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También será imputado por la Fiscalía su hijo David Zuluaga Martínez, quien fue gerente de la campaña, por fraude procesal. De acuerdo a las grabaciones de Zuluaga, los 1,6 millones de dólares de Odebrecht los recibió el publicista y consultor político brasilero Duda Mendonça, que asesoró la campaña.
Según las autoridades, Zuluaga debió haber reportado esos fondos como una donación de la multinacional brasilera a su promoción electoral, algo que no hizo.
La Fiscalía General de la Nación considera que Zuluaga y el gerente de su campaña, su hijo David Zuluaga, “ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht” e “indujeron a error a la autoridad electoral, que cerró una investigación que adelantaba sobre el particular”.
Ya en 2017, las autoridades electorales investigaron las denuncias sobre el posible ingreso de fondos a las campañas presidenciales del 2014 por parte de la polémica multinacional brasilera. La compañía fue señalada en varios países de la región por pagar sobornos para asegurarse después contratos en obras públicas.
En Colombia, las investigaciones penales por estas irregularidades dejaron casi una veintena de condenados entre exfuncionarios públicos y empresarios que cedieron a la entrega de coimas de Odebrecht.
