BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas atribuyeron el miércoles diferentes acciones violentas a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) horas antes de que comience un cese del fuego acordado con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El Ejército denunció el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos en Arauca, ciudad fronteriza con Venezuela. “Responsabilizamos de la vida e integridad física de nuestra oficial y los menores de edad al Frente de Guerra Oriental del ELN”, manifestó esa fuerza en un comunicado.
En simultáneo, el gobernador del departamento de Norte de Santander, Silvano Serrano, señaló a la guerrilla de dos ataques ocurridos en su región, también fronteriza con Venezuela.
El más reciente sucedió la noche del martes cuando, según dijo Serrano a la emisora Blu Radio, integrantes de esa organización armada llegaron hasta una mina en la zona rural de Cúcuta y colocaron explosivos que causaron heridas a dos personas.
Previamente habían sido asesinados tres oficiales de policía, uno en el municipio de Tibú y los otros dos en el Zulia, homicidios que el gobernador también adjudicó al ELN.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que estas acciones violentas del ELN muestran una “actitud completamente bipolar de sus dirigentes” e hizo un llamado a la guerrilla para que admita el secuestro de la sargento y sus dos hijos y los libere de manera inmediata. “Quien quiera conectarse con la sociedad tiene que dejar de hacer ese tipo de aberraciones”, dijo.
La víspera el grupo insurgente había ordenado la cesación de las acciones ofensivas contra las fuerzas militares y policiales a partir del jueves y hasta el 3 de agosto como parte de un acuerdo al que llegó con el gobierno.
El 3 de agosto comenzarían a contarse los seis meses de cese de las acciones armadas de ambas partes que sería verificado por organismos internacionales como las Naciones Unidas.
El cese de acciones ofensivas entre las partes fue acordado el 9 de junio en La Habana en el marco del proceso de paz entre el grupo armado ilegal y el gobierno colombiano que se reactivó en agosto del año pasado y que estuvo congelado durante tres años y medio.
También en la mañana del miércoles el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, denunció un conjunto de acciones violentas contra la población civil por parte del ELN desde la víspera, especialmente en los municipios de Medio San Juan, Sipí y Nóvita, en el sur del departamento ubicado en el Pacífico colombiano.
Palacios afirmó a la emisora W Radio que el gobierno de Petro no ha dado respuesta a sus requerimientos de apoyo y que algunas comunidades se encuentran confinadas debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, un cártel del narcotráfico que también tiene presencia en ese departamento.
Desde su reanudación el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN ha tenido cinco mesas de diálogo en Venezuela, México y Cuba.
El ELN fue fundado en 1964 inspirado en la revolución cubana e intentó infructuosamente llegar a un acuerdo de paz con el Estado en media docena de ocasiones. Actualmente opera en más de 200 municipios de Colombia y podría tener entre 2.000 y 4.000 integrantes, según las autoridades, las cuales también lo han señalado de estar relacionado con el narcotráfico.