SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado salvadoreño resolvió el jueves enviar a un nuevo juicio penal al exministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, para ser procesado por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por 1,1 millones de dólares.
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El Ministerio Público acusa al militar en condición de retiro de recibir bonificaciones mensuales y navideñas de forma ilegal por un monto de 955.000 dólares y apropiarse de forma ilícita de dinero de las arcas del Estado, a través de gastos en el rubro de inteligencia y espionaje por un monto de 192.650 dólares cuando ejerció el cargo en el gobierno de Mauricio Funes de 2009 a 2014.
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Ante de dar inició a la audiencia, en la que no se permitió la presencia de los periodistas, Munguía Payés dijo brevemente: “Yo no voy a dar declaraciones, las declaraciones las van a dar mis abogados; en este momento lo que estoy haciendo es conocer cuáles son las imputaciones”.
Los abogados defensores del genera Munguía Payés, dijeron que estaban preparados para demostrar la inexistencia del delito que le es atribuido a su defendido y que, en todo caso, ya habrían prescrito.
Al concluir la audiencia, una de las fiscales del caso dijo a los periodistas que el juez hizo una valoración de manera individual de la información que se le había proporcionado, así como de los argumentos de las partes técnicas, llegando a la conclusión de que estaba comprobado el cometimiento de los ilícitos.
Los hechos que le retribuyen al general Munguía Payés se dieron cuando ejercicio los cargos de ministro de la Defensa Nacional y luego ministro de Seguridad, como parte del gabinete del expresidente Funes.
Munguía Payés también ejerció como ministro de la Defensa Nacional en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Funes y Sánchez Cerén son prófugos de la justicia salvadoreña y se han refugiado en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega les otorgó la nacionalidad nicaragüense, lo que impide que sean extraditados para enfrentar a la justicia en El Salvador.
