WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema rechazó el viernes una impugnación promovida por republicanos a una política del gobierno del presidente Joe Biden que da prioridad a la deportación de inmigrantes considerados de mayor riesgo para la seguridad pública o que fueron detenidos en la frontera.
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Los jueces aprobaron, por 8 votos frente a 1, permitir que la política bloqueada por largo tiempo entre en vigor, reconociendo que se carece de dinero y personal suficientes para deportar a las aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente.
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Este fue uno de dos casos de migración decididos el viernes. En el otro, se mantuvo una sección de la ley federal utilizada para procesar a las personas que fomentan la inmigración ilegal.
En el caso de las deportaciones, Luisiana y Texas habían argumentado que la ley federal de inmigración requiere que las autoridades detengan y expulsen a aquellas personas que se encuentren de manera ilegal en Estados Unidos, aunque representen poco o ningún riesgo.
Pero la corte sostuvo que, en primer lugar, los estados carecen de la capacidad jurídica en el caso, del derecho a demandar.
El juez Brett Kavanaugh escribió en su opinión en nombre de la corte que el poder ejecutivo no tiene otra alternativa que la de establecer prioridades en las labores para controlar la inmigración.
“Eso es porque el poder ejecutivo invariablemente carece de los recursos para arrestar y juzgar a cada infractor de cada ley y constantemente debe reaccionar y ajustarse a las necesidades siempre cambiantes de seguridad y bienestar público del pueblo estadounidense”, escribió Kavanaugh.
En el centro del caso se encuentra una directriz del Departamento de Seguridad Nacional de septiembre de 2021 que suspendió las deportaciones, salvo en casos de individuos que hubiesen cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas graves a la seguridad pública”. La directriz, emitida después de que Biden alcanzara la presidencia, actualizaba una política de la presidencia de Donald Trump que ordenaba deportar a las personas que se encontraran en el país sin autorización, cualesquiera que fuesen sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, elogió la decisión del viernes, señalando que les permitiría a los agentes de migración “concentrar recursos limitados y acciones policiales en aquellos que representen una amenaza a nuestra seguridad nacional, a la seguridad pública y a la seguridad fronteriza”.
El caso dejó ver una estrategia de litigio usada frecuentemente por los procuradores republicanos, entre otros funcionarios, que ha logrado retardar las iniciativas del gobierno de Biden a través de recurrir a tribunales que tienden a favorecer a los republicanos.
Texas y Luisiana alegaron en su querella que enfrentarían costos adicionales por tener que detener a personas a las que el gobierno federal podría permitirles seguir en libertad dentro de Estados Unidos, a pesar de sus antecedentes penales.
El año pasado, un juez federal de Texas ordenó un bloqueo de la directriz a nivel nacional, y un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans declinó intervenir en el asunto.
Anteriormente, un tribunal federal de apelaciones de Cincinnati había revocado la orden de un juez de distrito que suspendía la política en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.
Pero hace 11 meses, cuando el gobierno federal le pidió a la Corte Suprema que interviniera, los jueces emitieron 5 votos a favor y 4 en contra para mantener la política en pausa. Al mismo tiempo, el máximo tribunal de la nación accedió a escuchar el caso, que fue presentado en diciembre.
En la decisión del viernes, la opinión de Kavanaugh representaba la de cinco jueces, incluido el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los tres jueces liberales. Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett estuvieron de acuerdo con el resultado por otras razones.
El juez Samuel Alito disintió en solitario, escribiendo que la decisión favorece indebidamente al presidente frente al Congreso. “Y deja aún más indefensos a los estados que ya sufren los efectos de la inmigración ilegal masiva”, manifestó.
En otra decisión relacionada con la inmigración, también emitida el viernes, el tribunal ratificó una sección de la ley federal que se utiliza contra las personas que fomentan la inmigración ilegal.
Por 7 votos a favor y 2 en contra, los jueces restablecieron la condena penal de Helaman Hansen, un hombre de California que ofrecía adopciones de adultos que, según afirmaba falsamente, los llevarían a obtener la nacionalidad estadounidense. Al menos 471 personas le pagaron a Hansen entre 550 y 10.000 dólares cada una, para un total de más de 1,8 millones de dólares, de acuerdo con el gobierno.
Hansen fue procesado en virtud de una sección de la ley federal de inmigración que establece que una persona que “alienta o induce” a una persona que carece de la nacionalidad a entrar o permanecer ilegalmente en Estados Unidos puede ser castigada hasta con cinco años de prisión. Esa pena aumenta a 10 años si la persona que alienta lo hace para obtener un beneficio económico personal. Los jueces rechazaron una sentencia de un tribunal federal de apelaciones que sostenía que la ley es demasiado amplia e infringe la Constitución.
