BRUSELAS (AP) — El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó el jueves que Hungría incumplió la legislación del bloque y vulneró los derechos de los migrantes al obligar a los solicitantes de asilo que estaban en el país o en su frontera a iniciar el proceso en sus embajadas en Serbia y Ucrania.
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El gobierno húngaro, contrario a la inmigración, ha adoptado una línea dura contra quienes entran a su territorio luego de la llegada de más de un millón de personas a Europa en 2015, la mayoría de ellos huyendo de la guerra en Siria. El país levantó cercas fronterizas e intentó impedir por la fuerza el ingreso de muchas de ellas.
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Tras el estallido de la pandemia del COVID-19 en 2020, el gobierno impulsó una ley que obligaba a quienes buscaban protección internacional a viajar a Belgrado o Kiev para solicitar un permiso de viaje en sus embajadas allí para poder entrar a Hungría. Solo a la vuelta podían completar las solicitudes.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, denunció a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por esa norma, insistiendo en que el país incumplía las obligaciones del bloque. Según estas reglas, los 27 países miembros tienen el mismo procedimiento para conceder el asilo.
La gente tiene derecho a solicitar asilo u otras formas de protección internacional si temen por su seguridad en su país de origen, o si enfrenta una posible persecución por motivos de raza, religión, origen étnico, género u otros aspectos discriminatorios.
El TJUE dictaminó que al “supeditar la solicitud de protección internacional a la presentación previa de una declaración de intenciones en una embajada húngara en un tercer país”, el gobierno de Budapest “ha incumplido sus obligaciones”, indicó un comunicado del tribunal.
Según el fallo, Hungría estaba privando a los solicitantes de su derecho a un “acceso efectivo, fácil y rápido” a los procedimientos para obtener protección. La nueva normativa no podía justificarse en motivos de salud pública para limitar la propagación del coronavirus.
El tribunal indicó que la obligación de viajar a un tercer país podía exponer a los migrantes al riesgo de contraer y propagar la enfermedad, y las condiciones impuestas por Hungría “constituyen una injerencia manifiestamente desproporcionada” en sus derechos.
La Comisión debe decidir ahora si trata de convencer a Hungría para que cambie o retire la ley, o si le pide al tribunal que multe a Budapest.
