LIMA (AP) — Naciones Unidas determinó el martes que Perú violó los derechos a la salud y vida de una niña indígena quechuahablante, que fue ultrajada sexualmente por su propio padre, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
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El comité de Derechos del Niño de la ONU publicó su decisión tras escuchar una queja presentada por la menor violada por su padre en una zona rural de la región Apurímac desde los nueve años hasta los 13, cuando quedó embarazada en 2017.
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La menor pidió que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada, pero no recibió ayuda de las autoridades médicas, policiales ni de la Fiscalía. No le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico, pese a las diversas visitas médicas, dijo el comité de la ONU en un comunicado de prensa.
Con ayuda de la organización no gubernamental peruana Promsex, la niña pidió a un hospital de Apurímac el acceso al aborto permitido cuando está en peligro la vida de la madre. También solicitó una interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal que investigaba la violación. Nunca hubo respuesta.
Según el comunicado de la ONU, cuando la menor faltaba al control de su embarazo, el personal médico acudía al domicilio de la víctima, incluso con policías, para presionarla a que continuara con el embarazo provocando estigmatización en su familia y comunidad.
Luego de tener un aborto espontáneo, la menor fue “acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo”. La fiscal también desvió la investigación de la violación para centrarse en reunir pruebas del presunto delito de autoaborto. El autoaborto se castiga en Perú con hasta dos años de cárcel o 54 jornadas de servicio comunitario.
En 2020, la menor fue liberada de la acusación. Para entonces, vivía fuera de su pueblo y había abandonado sus estudios escolares.
El Comité consideró que la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de acceso efectivo a dichos servicios expuso a la menor a un riesgo real, personal y previsible para su vida y salud. Por lo tanto, el Comité consideró que Perú violó los derechos a la salud y vida de la menor.
La ONU pidió a Perú que despenalizara el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantizara el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y de atención postaborto, especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto. También requirió al país que modificara la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.
El padre fue sentenciado a cadena perpetua en mayo del 2019.
