Apenas entró en el edificio blanco de bloques donde la dictadura militar argentina la retuvo durante un mes, Julieta González comenzó a tener recuerdos, como escenas retrospectivas en una película.
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Veía manchas de sangre en los colchones. Escuchaba gritos mientras estaba dentro de su celda. Recordaba ser forzada a lavar la sangre que había quedado en los autos. Un abuso sexual interminable.
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Las mujeres transgénero como González a menudo fingían estar dormidas cuando aparecía un guardia en medio de la noche, recordó.
“Siempre la que pagaba el pato era yo”, recuerda González, de 65 años, mientras habla con los periodistas de The Associated Press que la acompañaron durante una visita a la celda donde estuvo detenida alguna vez. “Yo era más joven”, agrega.
González y otras cuatro mujeres transgénero testificaron en abril, durante un juicio contra ex agentes de seguridad por cargos de crímenes de lesa humanidad, sobre la represión que sufrieron, como violaciones y torturas.
Su testimonio forma parte de lo que, según abogados y activistas de derechos humanos, es un intento largamente esperado de que de Argentina reconozca las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas contra la comunidad trans bajo el régimen militar del país, entre 1976 y 1983.
Varios miembros de la comunidad participaron el mes pasado en una manifestación de apoyo a un proyecto de ley que debate una comisión del Congreso y que busca otorgar una pensión vitalicia a las personas trans mayores de 40 años.
Patricia Alexandra Rivas, de 56 años, dijo en la manifestación que fue violada y torturada mientras estuvo detenida ilegalmente durante cinco días en 1981, cuando apenas tenía 14 años.
Las personas que hicieron el trabajo sucio durante la dictadura fueron particularmente brutales con los miembros de la comunidad transgénero, que siguió sufriendo incluso después del retorno de la democracia en 1983. No obstante, las cosas han ido cambiando en Argentina: hace más de una década, el país aprobó un hito en materia de género: una ley de identidad que permitía a las personas cambiar su género en los documentos sin permiso. Más recientemente, el Congreso aprobó una ley que reserva el 1% de los empleos del sector público a las personas transgénero.
Ellas “fueron traídas a este lugar, fueron torturadas, fueron violadas, fueron sometidas a trabajo esclavo, fueron privadas de su libertad y después fueron liberadas”, declara la fiscal asistente Ana Oberlin mientras está de pie frente a un conjunto de celdas en el llamado Pozo de Banfield, una antigua estación suburbana de la policía que fue uno de los cientos de centros ilegales de detención y tortura en la capital.
Gran parte de América Latina tuvo gobiernos militares en las décadas de 1970 y 1980. Según organizaciones de derechos humanos, en Argentina fueron detenidas ilegalmente y desaparecieron sin dejar rastro unas 30 mil personas. Hasta muy recientemente, poco se decía sobre cómo la comunidad trans sufrió bajo los gobiernos militares.
Parte de la razón por la que el reconocimiento ha tardado tanto en llegar es porque la violencia contra los miembros de la comunidad trans “está absolutamente naturalizada”, sostiene Marlene Wayar, de 53 años, activista transgénero y autora que dio testimonio experto durante el juicio.
Esta dinámica se ha desarrollado en gran medida en los 296 juicios por crímenes de lesa humanidad de la época de la dictadura que se han llevado a cabo desde 2006, tras la derogación de las leyes de amnistía. En los juicios han sido condenadas mil 115 personas, según el Ministerio Público.
Es solo recientemente que Argentina ha comenzado a debatir los roles de género y las costumbres sexuales bajo la dictadura, agrega Oberlin, incluido un “modelo de familia que indicaba el lugar que tienen que tener varones y mujeres”.
Oberlin tuvo una participación clave al incluir el testimonio de las cinco mujeres transgénero que fueron detenidas en el Pozo de Banfield como parte de un juicio que comenzó en 2020, por el que 12 oficiales enfrentan cargos de crímenes de lesa humanidad debido a actos que ocurrieron en tres prisiones clandestinas, con unas 700 víctimas.
La violencia a manos de las fuerzas de seguridad era algo a lo que González estaba acostumbrada cuando la policía las detuvo a ella y a otras mujeres trans en 1977 o 1978 —no recuerda la fecha exacta—, mientras ejercían la prostitución. Terminaron en el Pozo de Banfield. “Ellos nos levantan y yo no había querido subir a la camioneta. Entonces, con un fusil así, me pega en la espalda y me agarra del pelo (diciendo) ‘¿Qué? ¿No vas a subir?’”, recuerda González. Ella y sus amigas fueron encerradas en una celda donde a menudo escuchaban gritar de dolor a personas que no alcanzaban a ver.
Violencia de género
Una noche escucharon a una niña gritar varias veces y luego se escuchó el llanto de un bebé, relata González. “Toda mi vida me quedé pensando” sobre ese bebé, dice. Los agentes de seguridad a menudo robaban bebés nacidos de mujeres embarazadas detenidas, que luego desaparecían.
González y sus compañeros de celda se vieron obligadas a realizar varios tipos de trabajo, como cocinar y limpiar autos. “Adentro muchos tenían sangre”, testificó González en abril. “También abusaban sexualmente de nosotras”, testificó González durante el juicio. Describió con frecuencia casos en los que fue violada. “¿Se podían negar a eso?”, le preguntó Oberlin a González. “No, no”, respondió González encogiéndose de hombros “Era, no sé, en ese tiempo era como normal”. Una vez, un grupo de soldados la recogió y la violó en grupo. “Cuando pasan esas cosas ¿viste? ¿Qué sé yo? Pienso en otras cosas”, recuerda en su antigua celda.
Aunque las mujeres trans —que en gran medida tenían que recurrir a la prostitución para ganarse la vida— sufrieron abusos por parte de las fuerzas de seguridad, las cosas empeoraron para ellas durante la dictadura, que impulsó una concepción tradicional de la familia. “Además de las violaciones y de las torturas” ellas fueron objeto de un “particular ensañamiento, justamente por sus identidades de género”, manifiesta Oberlin.
Las sentencias del caso, que se esperan para fin de año, “van a ser muy importantes”, recalca Oberlin, porque las mujeres trans fueron llevadas a centros de detención ilegales “a lo largo y a lo ancho de todo el país” y podría abrir la puerta para que otros testifiquen.
Por su parte, González admite que “nunca” pensó que iba a declarar en un juicio. Durante mucho tiempo pensó que lo que había vivido en el Pozo de Banfield “no es importante”. Sin embargo, ahora sabe que “sí es importante”, añade González. “Hoy que podemos hablar… ser escuchadas, que siempre fuimos todas tan calladas”, hay que hacerlo, afirma.
