CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Nicaragua ordenó la confiscación de “todos los bienes inmuebles” de 222 opositores políticos excarcelados y deportados a Estados Unidos el 9 de febrero, a través de una sentencia del Tribunal de Apelaciones divulgada el viernes en Managua.
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La sentencia tiene fecha del 19 de mayo, pero fue dada a conocer en esta fecha en que se cumplen cuatro meses de la excarcelación y destierro forzado de los 222 “presos políticos”, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, abogados, exguerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al gobierno del presidente Daniel Ortega.
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Según el texto judicial, los exprisioneros fueron declarados “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad nicaragüense y deportados de su país, tras ser condenados por “cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” y por “incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”.
La sentencia de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones ordena “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos” en los registros públicos, “en su carácter personal o de persona jurídica”.
Además de las propiedades, se les confiscarán “todas las acciones y sociedades mercantiles” que puedan poseer, “para que respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de Nicaragua”, señaló el informe oficial.
En febrero, tras la expulsión de los excarcelados, el gobierno ordenó confiscar las propiedades de otros 94 opositores, en su gran mayoría exiliados, entre los que figuran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los exguerrilleros sandinistas Mónica Baltodano y Luis Carrión, quienes también fueron despojados de su nacionalidad y de sus pensiones de vejez.
Consultada por The Associated Press, la opositora excarcelada Tamara Dávila, una de las afectadas con la confiscación de bienes, dijo que la medida “es completamente ilegal desde cualquier punto de vista”.
“En términos políticos, sólo es la muestra de un régimen que está en decadencia, que debe recurrir al robo descarado para mostrar fuerza”, agregó.
El líder estudiantil Léster Alemán, excarcelado en febrero último, denunció el hecho vía Twitter y llamó “desquiciado” a Ortega.
Por su parte, el cronista deportivo Miguel Mendoza, también excarcelado y desterrado, tuiteó: “La dictadura nos roba patrimonio personal y familiar de los 222 excarcelados políticos (…) Nos han robado años de trabajo y sacrificio”.
El periodista Álvaro Navarro, exiliado en Estados Unidos y despojado de su nacionalidad y sus bienes, escribió: “Sigue la robadera. Antes fuimos los 94, hoy los 222. Mañana cualquiera. Son pirañas”.
Nicaragua vive una grave crisis política y social desde abril de 2018, cuando protestas cívicas fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares que dejaron 355 civiles muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados.
