CARACAS (AP) — Los acercamientos entre el gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se fraguaron el viernes en un acuerdo para abrir una oficina en el país que facilite la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad que pesa sobre la administración de Nicolás Maduro por la actuación de la fuerza pública en las protestas de 2017.
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En su tercera visita al país sudamericano, el fiscal de La Haya, Karim Khan, firmó un memorando de entendimiento con el mandatario venezolano en donde también se contempla ofrecer asistencia técnica y asesoría en las reformas judiciales que las autoridades del país tienen en agenda "para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible”, agregó el funcionario.
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Expresó su satisfacción de que entre la Fiscalía, bajo su dirección, y Venezuela exista hoy un acuerdo y una cooperación significativa, pese a los desacuerdos previos.
El documento suscrito en el palacio de gobierno se recibe como la materialización de todos los esfuerzos desarrollados en los últimos dos años, caracterizados por la fricción y acusaciones ante la reapertura de la pesquisa indagatoria sobre las manifestaciones antigubernamentales que dejaron 120 muertos hace seis años. Se indagan presuntas torturas y ejecuciones extrajudiciales por la policía y la Guardia Nacional.
Maduro señaló en su momento a la Fiscalía de tener una visión prejuiciosa cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió en noviembre, por petición de Khan, reabrir la investigación; aseguró que detrás está la estrategia de Washington con miras a desacreditar su gobierno.
El fiscal argumentó que se había constatado que había indicios de la comisión de delitos y de que el país no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.
El gobierno venezolano pidió diferir el proceso y presentó en febrero un documento argumentando sus avances en reformas judiciales -que fue desestimado en abril por La Haya- con miras a que se desechase la iniciativa fiscal de reabrir un caso que llegó a la CPI inicialmente con denuncias de varios estados miembros como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
La CPI es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es una instancia de último recurso, cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo.
Khan, que lleva en el cargo desde junio de 2021, indicó el viernes que visitó las instalaciones donde laborarán los funcionarios de la Corte de La Haya. Ese recinto permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda “hacer más para cumplir sus obligaciones” en el marco del Estatuto de Roma.
El memorando, el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021, complementa uno previo que contempla el visado libre de todo estorbo para facilitar el ingreso de funcionarios de la Fiscalía de la CPI a Venezuela.
Maduro, en tanto, saludó la presencia de la Fiscalía en territorio venezolano y se mostró optimista que esta tendrá un impacto favorable en “el fortalecimiento de los procesos de reforma y cambio necesarios del sistema nacional de justicia de Venezuela”.
El gobernante venezolano aseveró que el país está de “puertas abiertas” para que la verdad se imponga “por encima de tergiversaciones, por encima de manipulaciones, por encima de mentiras” que se estarían propagando contra Venezuela en el mundo.
