BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investigaba si durante su gobierno participó de operaciones de lavado de dinero atribuidas a un empresario allegado.
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El juez federal Sebastián Casanello tomó la decisión de finalizar el proceso contra la dirigente peronista luego de que días atrás las querellas de la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos se pronunciaron en ese sentido tras coincidir con la fiscalía en la falta de pruebas.
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Con esta medida -y teniendo en cuenta que el fiscal del caso y los organismos estatales querellantes no apelarán- la acusación quedó. Sin embargo, la exmandataria continúa siendo investigada en otras causas judiciales por distintos delitos.
Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado durante su mandato (2007-2105). El fallo fue apelado por la vicepresidenta y su resolución quedaría en manos de la Corte Suprema en un plazo que se desconoce.
El juez Casanello señaló que "frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hallan satisfechos”. A su vez consideró que no puede ir más allá de lo que dispone la parte acusadora.
El fiscal Guillermo Marijuan retiró días atrás su acusación contra la vicepresidenta tras recibir un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
A partir de esa información -acotó el magistrado en su resolución- el fiscal pudo confirmar una reunión de fines de 2010 en la residencia presidencial donde el empresario Lázaro Báez, "al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando”.
Báez, allegado a la vicepresidenta y empresario del sector de la construcción, fue condenado en 2021 a 10 años de cárcel por lavar millones de dólares obtenidos de forma ilegal.
La provincia sureña de Santa Cruz, donde el empresario tenía sus operaciones y Fernández de Kirchner aún posee propiedades, fue escenario de distintos allanamientos ampliamente difundidos por los medios de prensa en medio de la pesquisa.
La investigación a la exmandataria era un tramo de la causa que tenía a Báez como principal acusado. En un principio ella no estaba entre los investigados pero en 2016 fue imputada por el fiscal Marijuan, quien se basó para ello en la declaración como arrepentido de un financista.
Sin embargo, el fiscal señaló a fines de mayo que no había conseguido pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial y que los múltiples contactos entre la exmandataria y Báez no la hacían responsable de hechos de lavado de dinero.
Báez recibió una sentencia de seis años de prisión en el mismo juicio en el que la vicepresidenta fue condenada, por resultar beneficiado de forma irregular con la adjudicación de 51 obras públicas con fondos nacionales en Santa Cruz.
