LA PAZ, Bolivia (AP) — Los devotos católicos esperaron un año para vestir con una fina túnica de hilos dorados y piedras brillantes al Jesús del Gran Poder, la fiesta folclórico-religiosa más popular de La Paz que moviliza a miles de bailarines y músicos y mueve millones de dólares en comercio.
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Nada detiene a estos fieles, ni siquiera el mayor escándalo de pederastia clerical que salió a la luz recientemente y que involucra al jesuita español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009 y quien dejó un diario en el que reveló haber abusado de 85 menores en internados católicos bolivianos en las décadas de 1970 y 1980.
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“La fe se lleva en el corazón, soy devoto del Tata (apodo del santo). Mi fe sigue intacta porque no es con los de sotana, es con el de arriba (con Dios)”, dijo Marco Villca, vecino del populoso barrio Gran Poder que vive un inusitado ajetreo horas antes de la fastuosa fiesta que presidirá el alcalde de la ciudad.
El párroco de la iglesia barrial Marcelo Ramírez está contento con las muestras de fe de los devotos. “Confiamos que la fe no se va a perder con estas cosas tan trágicas que han llegado al país. La fe es fuerte en los feligreses, los actos son individuales de las personas”, dijo el cura agustino a The Associated Press.
La Fiscalía abrió una investigación y cada día aparecen más víctimas mientras se suceden las protestas, por ahora no tan masivas. La justicia reactivó otros procesos contra 23 curas por similares delitos. Uno de ellos fue enviado a prisión preventiva la semana pasada.
En plano escándalo el papa Francisco envío al sacerdote español Jordi Bertomeu, quien encabezó las investigaciones sobre abusos de sacerdotes cometidos en Chile. La Conferencia Episcopal dijo en un comunicado que la llegada del enviado papal no tenía que ver con la denuncia sino que era una visita acordada hace tres años que demoró en concretarse por la pandemia de COVID-19.
Cuando Bertomeu estaba en Bolivia, el presidente Luis Arce remitió una dura carta al pontífice en la que reclamó por el silencio de la jerarquía eclesiástica ante los abusos y pidió revisar los antecedentes de los religiosos extranjeros que trabajan en Bolivia.
En tanto, padres de colegios católicos han denunciado un clima de hostilidad hacia sus hijos por parte de “grupos radicales” que se apuestan en las puertas para insultarlos y han pedido resguardo y garantías a las autoridades.
“Están generando otro tipo de violencia al gritar estribillos ofensivos”, dijo la representante de las familias, Olivia Calderón. Agregó que su organización “repudia los actos lacerantes que hubieran cometido sacerdotes” y que apoya las investigaciones.
Algo más de 1.600 unidades educativas, el 19% del total, están en manos de congregaciones católicas y la mayoría bajo un sistema compartido con el Estado, según la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB). Muchos padres eligen estos colegios porque su enseñanza es de mejor calidad que la de las escuelas públicas, dijo Calderón.
Hace 20 años los católicos eran el 73% de la población, pero en 2020 una encuesta privada situó esa cifra en 58%. La Iglesia católica boliviana ha ido perdiendo terreno frente al avance de los evangélicos pero en las festividades religiosas su presencia es muy fuerte.
“Estas manifestaciones de fe continúan con mucha fuerza, pero yo no veo ninguna consecuencia directa” de las denuncias de pederastia, dijo a AP el historiador y profesor en la principal universidad pública de La Paz, Fernando Cajías.
Hasta hace unos años la Conferencia Episcopal tuvo un peso político importante como mediadora en innumerables conflictos sociales y la Iglesia católica era la institución con mejor imagen en el país frente al desprestigio de la política o las fuerzas de seguridad.
Pero todo cambió a partir del gobierno de Evo Morales (2006-2019), un confeso católico pero enemigo de los obispos que impulsó una nueva constitución en 2009 en la que el Estado se declaró independiente de la religión y reconoció igual jerarquía a todas las confesiones incluida la cosmovisión andina, es decir, la creencia en la Pachamama (Madre tierra).
Desde entonces el gobierno y los obispos han mantenido una relación tensa. Morales llamaba jerarcas a los purpurados y éstos cuestionaban a su gobierno desde el púlpito.
Su sucesor Luis Arce ha seguido la misma línea, al igual que los obispos. El gobierno los ha culpado por el “golpe de Estado” de 2019 cuando éstos mediaron junto a la Unión Europea y las Naciones Unidas en una salida pacífica al estallido social que dejó 37 muertos después de unas elecciones denunciadas de fraudulentas que forzaron la renuncia de Morales.
Según analistas, más allá del afán de justicia para las víctimas de los abusos clericales el gobierno busca restar poder a los obispos. Tras el escándalo de Pedrajas el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, pidió públicamente “no estigmatizar a la Iglesia católica” y reclamó al gobierno “no politizar las investigaciones”.
“Indudablemente es algo horrible lo que ha pasado en el seno de la Iglesia, pero salvo algunos intereses que han querido interpretar que los hechos han sido de toda la institución, no afectó en más. Una parte del gobierno quiere aprovechar para debilitar a la Iglesia católica”, según Cajías.
Los obispos ya no hacen declaraciones a los medios y mantienen un perfil bajo. En su último comunicado la Conferencia Episcopal reconoció que por años la Iglesia “fue sorda al sufrimiento de las víctimas” de abusos y anunció que colaborará en las investigaciones.
Los exalumnos de los internados donde ocurrieron los abusos han dicho en pronunciamientos públicos que no creen en el arrepentimiento de la Iglesia y pidieron justicia para las víctimas.
“Mi fe está más fuerte que nunca... los delitos son de las personas”, dijo Marquin Silva mientras se aprestaba para honrar a Jesús del Gran Poder.
“Tenemos la dicha de bailar por el Tata, hay gente que se hace pasar por católico y a veces se corrompe, pero acá todo es fe”, agregó Angélica Álvarez, quien acababa de vestir al santo con las ropas festivas.
