CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Varios miles de manifestantes salieron el domingo a marchar en la capital mexicana en apoyo a la Suprema Corte de Justicia, la cual ha sido objeto de críticas y protestas en las últimas semanas luego de invalidar tres normativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que han elevado las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
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Al grito “ministros valientes, el pueblo los defiende”, y entre pancartas en las que se leía “la Corte no se toca”, miles de personas vestidas de blanco se concentraron desde mediados de la mañana en el Monumento a la Revolución, en el centro de la ciudad, para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros de la corte. La marcha culminó frente al palacio de gobierno.
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“Les estamos pidiendo a los ministros que resistan los embates del titular del Poder Ejecutivo. Necesitamos conservar el último bastión que le queda a este país. Si se cae la Corte, se cae México”, afirmó el abogado Raúl Mendoza, 71 años, quien atribuyó la confrontación que mantiene el mandatario con la Corte a “un distractor para que la gente no se entere de los problemas nacionales”.
Cristina Velázquez, una pequeña empresaria de 62 años, se expresó en contra de las afirmaciones del mandatario contra el Poder Judicial, al que ha acusado de estar corrompido, y sostuvo que los cuestionamientos del gobernante responden a que “está tan enojado, y está haciendo tantas rabietas todos los días, porque sabe que no tiene el poder suficiente para doblegar a los ministros”.
“Los ministros están donde les corresponde, haciendo valer la justicia, las leyes, y no acaten sus caprichos, no se plieguen a su voluntad, y eso es lo que no le gusta a López Obrador”, agregó.
En las últimas semanas, López Obrador ha endurecido su posición en contra del Poder Judicial luego que el mes pasado el máximo tribunal declaró inconstitucional una reforma que transfería el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un duro golpe para el mandatario que ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares en labores de seguridad pública.
Las críticas arreciaron hace unas semanas, después de que la Corte invalidó parte una polémica reforma electoral que la mayoría oficialista del Congreso aprobó en diciembre y permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de sanciones por incurrir en propagada electoral, tal como se establece en la actualidad.
Las tensiones aumentaron luego que el pasado 18 de mayo el máximo tribunal invalidó un decreto presidencial del 2021 que ordenaba a las dependencias públicas acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura se pudieran ejecutar sin dilaciones.
López Obrador desafió al máximo tribunal emitiendo el mismo día de la sentencia otro decreto en el que declaró al Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la construcción de cuatro aeropuertos en el sur del país como proyectos de “seguridad nacional”.
“Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados”, afirmó a inicios de semana el gobernante izquierdista al plantear que ante el “divorcio completo” de los jueces de las necesidades de la mayoría de los mexicanos “hace falta una reforma en el poder judicial”.
López Obrador anunció que en el último año de su sexenio, 2024, promoverá una reforma constitucional para que los ministros de la corte, magistrados y jueces sean electos por voto ciudadano. En la actualidad la constitución faculta al presidente de la República para presentar una terna de candidatos al Senado, los cuales requieren de los votos de las dos terceras partes de la cámara para su elección.
A los cuestionamientos contra el Poder Judicial se han sumado algunas figuras del oficialismo y seguidores del mandatario, quienes han realizado en los últimos días manifestaciones en los alrededores de la Suprema Corte para exigir la renuncia de la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, y otros ministros.
No es la primera vez que Piña enfrenta actos de rechazo. En marzo, en medio de una concentración que organizó el gobierno en el zócalo de capital por el aniversario de la expropiación petrolera, manifestantes llevaron una figura de cartón con el rostro de la presidente de la Corte a la que le prendieron fuego al grito de “fuera Piña”.
El máximo tribunal consideró el incidente como un acto de odio y violencia de género contra la ministra y manifestó preocupación de que “el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación”.
Piña, quien asumió la presidencia de la Corte en febrero, ha mantenido silencio ante las críticas de López Obrador, pero en diferentes intervenciones públicas ha defendido la independencia de los jueces.
Recientemente, el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que “estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”, en clara alusión a las tensiones que han surgido entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
