MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
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El Gobierno ruso indica que tanto Khan como los magistrados que llevan el caso, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godinez, han actuado "sin fundamentos de responsabilidad penal" al actuar contra un jefe de Estado extranjero cuyo país, para comenzar, no reconoce desde 2016 el Estatuto de Roma que sirven de base para el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Por ello, el Ministerio del Interior ruso acusa al fiscal jefe y a los jueces de haber adoptado, con su orden de febrero de 2022 contra Putin y la comisaria para los derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, una decisión ilegal, contraria a la Convención para la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, por el cual "los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de estados extranjeros", según el comunicado del Ministerio del Interior recogido por Interfax.
El Ministerio ampara su decisión en la legalidad rusa, al entender que el TPI está incurriendo en un delito al acusar a personas "claramente inocentes", de la comisión de un crimen especialmente grave y "atacar a un representante estatal que goza de inmunidad diplomática para complicar las relaciones internacionales".
Esta decisión había sido avanzada la semana pasada por el presidente de la Comité de Investigación de la Federación Rusa, Alexander Bastrikin, tras abrir un caso penal contra la cúpula del TPI y los jueces responsables de tal decisión, considerando que sus acciones era ilegales pues, según Rusia, no había motivos para responsabilizar a Putin y Lvova-Belova del delito de "deportación infantil forzada".
