MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
"Un equipo de funcionarios de nuestra Regional Cauca viajó hasta el corregimiento Santa Cruz, jurisdicción del municipio de El Patía, en donde permanecían retenidos 26 soldados y dos policías, con el fin de adelantar una labor de mediación, que afortunadamente resultó muy positiva y los miembros de la fuerza pública ya regresaron a sus tareas", ha dicho el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís.
"Nuestros funcionarios en el terreno adelantaron primero las labores de acercamiento y acompañamiento con las comunidades, para posteriormente desarrollar el trabajo de mediación entre las partes, que permitió que los soldados y policías retornaran a sus labores", ha añadido, según un comunicado publicado por la Defensoría del Pueblo de Colombia a través de su página web.
Así, Camargo Asís ha destacado que el organismo "reitera la importancia del diálogo como la herramienta fundamental para superar cualquier situación, lograr la tranquilidad de las comunidades y el cumplimiento de la labor de la fuerza pública". Los liberados se encuentran en buen estado de salud, según el comunicado.
El Ejército colombiano había detallado previamente que los agentes tenían como objetivo "realizar la destrucción controlada de un laboratorio con aproximadamente cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína". "Durante el procedimiento, el personal que desarrolla esta actividad ilícita no abandona el sitio y son rodeados por más de 400 personas que ocultan sus rostros", afirmó, según ha recogido la emisora colombiana Radio Caracol.
Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, ha sostenido que "la actitud asumida por campesinos" en el lugar "es inadmisible", al impedir que los soldados, "en cumplimiento de su deber constitucional y acatando órdenes del presidente de la República en cuanto a la lucha frontal contra el narcotráfico, impidan destruir laboratorios de cocaína".
Velásquez ha mostrado a través de un vídeo publicado en su cuenta en la red social Twitter "toda la disposición del Gobierno cuando se trata de justas reclamaciones de las comunidades, para atender sus peticiones, dialogar con ellos, buscar satisfacer sus necesidades más apremiantes", si bien ha subrayado que las autoridades "rechazan contundentemente cualquier acción de cualquier comunidad, de cualquier sector social que pretenda impedir el actuar de la Fuerza Pública, protegiendo además intereses criminales en el país".