MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
En su último intento por ser acogido por la justicia especial de la JEP, Mancuso ha dado más detalles sobre la supuesta sintonía entre los escuadrones paramilitares y las élites políticas, empresariales de Colombia durante el conflicto armado.
Mancuso ha hablado de irregularidades, conocidas supuestamente por el gobierno de Ernesto Samper, durante la desmovilización de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), en la que participaron jefes paramilitares, según ha dicho.
A su vez, ha asegurado que la relación entre mandos militares y paramilitares sirvió también para poner freno al avance de las guerrillas e incluso para ocultar el número de víctimas que sus operaciones dejaban a su paso, reconociendo la existencia de los llamados "hornos" en los que eran arrojadas para desaparecerlas.
Mancuso también ha revelado que como consecuencia de estas actividades conjuntas de las AUC y el Ejército, hay más de 200 cadáveres que fueron arrojados a fosas comunes en territorio venezolano, cercano a la frontera con Colombia.
Así, ha contado que algunas fueron arrojadas al río "para que se los llevara", mientras que otras fueron enterradas en Venezuela. "Allá hay más de 200 personas", ha dicho Mancuso, quien ha explicado que la decisión de llevarlas hasta ese país fue lo cerca que estuvo la Fiscalía en 2001 de encontrar una fosa con 50 personas.
"Carlos Castaño (el fallecido máximo líder de las AUC) me dio la orden de coordinar esa desaparición de víctimas a partir de una reunión con altos mandos militares por la preocupación y por presiones del Gobierno de entonces, esto es año 2000-2001, por el número de víctimas", ha contado.
Mancuso se desde hace dos años en un centro de retención de inmigrantes de Atlanta, Estados Unidos, a la espera de su extradición a Colombia, en donde hace unos meses se le concedió cuatro años de libertad condicional, si bien tiene cuitas pendientes con la Justicia por su pasado al frente de las AUC.
Por ello se encuentra declarando ante la JEP en su último intento por acogerse como tercero colaborador a la justicia especial de este tribunal, surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.
Conocido como 'Triple Cero' durante su pasado armado, ha reconocido haber estado implicado en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.
A su vez, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.